El Ministerio de Transportes podrá sancionar a los ayuntamientos que no han implementado las ZBE

A pesar de que la Ley de Cambio Climático obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a contar con una zona de bajas emisiones (ZBE), solo uno de cada tres ha cumplido con este mandato. De los 151 ayuntamientos que debían aplicar la medida antes del 1 de enero de 2023, la mayoría aún no ha desarrollado estos espacios destinados a reducir la contaminación del aire. Esta falta de implementación contrasta con las ayudas económicas recibidas para tal fin, lo que ha provocado una creciente preocupación en el Estado.

Un informe reciente de la Abogacía del Estado respalda la posibilidad de que el Ministerio de Transportes pueda sancionar a los ayuntamientos que no han cumplido con su obligación. Entre las medidas contempladas se encuentra el reintegro íntegro de las subvenciones recibidas y la imposición de sanciones económicas que podrían alcanzar hasta tres veces el importe de la ayuda concedida. El Ejecutivo tiene previsto actuar antes de que finalice el año para evitar que el incumplimiento quede impune.

El objetivo de las zonas de bajas emisiones es reducir el tráfico de vehículos contaminantes en los núcleos urbanos, fomentando así una movilidad más sostenible y mejorando la calidad del aire. Este tipo de políticas está en línea con las directrices europeas y con el compromiso de España en la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, la falta de voluntad política, los retrasos administrativos y la presión de algunos sectores económicos han ralentizado su puesta en marcha.

¿Está tu municipio en el mapa del Baix Llobregat de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE)?

En la comarca del Baix Llobregat, donde se concentran varios de los municipios más poblados de Catalunya, la situación también es desigual. Ciudades como Cornellà, Sant Boi o El Prat de Llobregat han avanzado en el diseño de sus ZBE, pero en muchos casos aún están pendientes de su implementación definitiva. Otras localidades de la comarca, que han recibido financiación específica del Gobierno central o de los fondos europeos Next Generation, aún no han presentado planes concretos o están en fases muy preliminares.

A principios de 2025, seis municipios del área metropolitana de Barcelona empezaron a aplicar sanciones a los vehículos que no cumplan con las normativas de las Zonas de Bajas Emisiones. Entre ellos hay 4 municipios de la comarca del Baix LLobregat: El Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Gavà y Viladecans. Todas estas poblaciones han dado un paso más en la lucha contra la contaminación, implementando estas medidas que afectarán a los vehículos sin etiqueta ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT), conocida popularmente como Etiqueta B.

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En el Baix Llobregat, según el último padrón municipal, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, El Prat, Sant Boi y Viladecans superan el límite de 50.000 habitantes. Castelldefels tiene previsto arrancar su zona de Bajas Emisiones en diciembre de 2025. Antes de su implantación, el Ayuntamiento deberá aprobar una ordenanza municipal para regular su funcionamiento y formalizar la cesión de su gestión al Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

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No obstante, hay que destacar que en el Baix Llobregat, los municipios de Gavà, Sant Feliu y Esplugues, están a unos pocos miles de habitantes de llegar a los 50.000 habitantes. En Gavà se han adelantado implementando ya una ZBE, pero es muy probable que el resto de municipios deban seguir esos mismos pasos en los próximos años.

La falta de coordinación entre administraciones y la escasa comunicación con la ciudadanía también han contribuido al retraso. Algunas voces dentro del sector municipalista critican que los plazos han sido demasiado ajustados y que no se ha acompañado a los ayuntamientos con suficiente apoyo técnico. No obstante, desde el Ministerio se insiste en que el cumplimiento de la normativa es obligatorio y que las ayudas estaban condicionadas precisamente a la ejecución de los proyectos.

El incumplimiento no solo puede tener consecuencias económicas para los ayuntamientos, sino también políticas y medioambientales. Las zonas de bajas emisiones son una herramienta clave para reducir la exposición de la población a contaminantes como el dióxido de nitrógeno (NO₂), muy presente en áreas metropolitanas densamente transitadas como el Baix Llobregat. Si no se avanza con celeridad, el retraso podría traducirse en una pérdida de credibilidad institucional y, sobre todo, en un perjuicio directo para la salud de miles de ciudadanos.