Una familia vulnerable de Cornellà, al borde del desahucio a manos de un gran tenedor

La Audiencia Provincial de Barcelona ha ratificado la orden de desahucio de una madre y su hija menor en Cornellà de Llobregat, desestimando el recurso de apelación que la afectada presentó contra la decisión del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de la ciudad.

La mujer, que reside en la vivienda desde 2010, defendía que había pagado 1.500 euros a una persona que se presentó como propietaria para cubrir tres meses de alquiler. Argumentaba, además, que su entrada al inmueble no había sido ni violenta ni clandestina, y que la empresa demandante, al ser un gran tenedor de vivienda, tenía la obligación legal de ofrecerle un alquiler social conforme a la normativa catalana.

El papel de Budmac Investments

El procedimiento comenzó en 2021, cuando la sociedad Budmac Investments SLU, dedicada a la compra y arrendamiento de inmuebles urbanos, denunció la ocupación del piso y reclamó la restitución de la vivienda. Según la compañía, la mujer y su hija residían en el inmueble sin un título legal que justificara su posesión.

En primera instancia, el juzgado dio la razón a la empresa, ordenando el desalojo inmediato, autorizando incluso el lanzamiento forzoso y el descerrajamiento de la puerta si fuese necesario. También impuso a la madre el pago de las costas judiciales.

La defensa de la madre: vivienda y antecedentes penales

Durante el proceso, la afectada alegó que nunca recibió un requerimiento formal para abandonar la casa. También pidió suspender el procedimiento civil porque existía un antecedente penal: en 2020 ya había sido condenada en un juicio por usurpación leve en la misma vivienda, un fallo que todavía estaba pendiente de recurso. Su defensa entendía que no se podían juzgar los mismos hechos dos veces.

Sin embargo, los magistrados rechazaron esta alegación y confirmaron la sentencia inicial.

La decisión final de la Audiencia

El tribunal ha mantenido la orden de desalojo con todas las garantías de ejecución, lo que incluye el traslado de los enseres al depósito municipal en caso de resistencia. Además, ha impuesto a la mujer las costas del recurso de apelación y la pérdida del depósito judicial que había consignado para poder recurrir.

Aún queda abierta la posibilidad de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo o, en el ámbito catalán, en materia de derecho civil propio, aunque ambos caminos requieren cumplir estrictos requisitos legales.