Los municipios del Baix Llobregat que quedan fuera de la ZBE: qué implica y por qué unos están obligados y otros no

La cuenta atrás hacia el 2026 ya está en marcha y, con ella, la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el Baix Llobregat. La nueva normativa marcará un antes y un después en la movilidad de la comarca a partir del 1 de enero de 2026. Sin embargo, aun existen dudas sobre el tema y más si se tiene en cuanta que no se aplicará de manera homogénea. Mientras una parte del territorio estará obligada a activar restricciones al tráfico de vehículos más contaminantes, otros municipios han quedado fuera de esta imposición. El resultado es un mapa dividido que abre preguntas entre la ciudadanía: ¿por qué unos sí y otros no? ¿Cuál es el criterio que utiliza la ley?

La respuesta no tiene que ver con decisiones locales, sino con los requisitos marcados por el marco normativo estatal y europeo, que fija en la dimensión poblacional y la calidad del aire dos elementos centrales para determinar la obligatoriedad.

Municipios obligados y municipios exentos: un Baix Llobregat a dos velocidades

La comarca quedará 'partida en dos' en una decisión que no queda fuera de la polémica. La realidad es que la división se dará de la siguiente manera:

• Municipios obligados a crear una ZBE son: Castelldefels, Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Viladecans, Gavà, Esplugues de Llobregat, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern y Sant Vicenç dels Horts.

• Las localidades que quedan exentas son: Esparreguera, Martorell, Olesa de Montserrat y Sant Andreu de la Barca.

Esta división responde principalmente a dos factores: la población de cada municipio y los indicadores de contaminación atmosférica. Las ciudades con más de 50.000 habitantes, o aquellas con problemas recurrentes de calidad del aire, están obligadas a aplicar restricciones al tráfico para reducir emisiones y cumplir con las directrices ambientales.

Por qué unos municipios deben aplicar la ZBE y otros no

La normativa exige que los municipios con mayor concentración de población y, en consecuencia, con un volumen de vehículos significativamente superior, adopten medidas para rebajar los niveles de partículas en suspensión y óxidos de nitrógeno. En el Baix Llobregat, las localidades exentas no alcanzan ese umbral, o bien no presentan niveles de contaminación suficientemente elevados como para activar la obligatoriedad.

Esto explica por qué territorios densamente urbanizados y conectados a grandes ejes viarios, como la C-31 o la B-23, sí deberán habilitar ZBE, mientras que municipios con una configuración más dispersa y menos carga de tráfico no entran dentro del marco obligatorio.

Qué implica la ZBE para la ciudadanía

La aplicación de las Zonas de Bajas Emisiones afectará principalmente a los vehículos sin etiqueta ambiental, especialmente los más antiguos. La medida limitará su acceso a determinadas zonas urbanas en horarios concretos, con el objetivo de reducir la contaminación atmosférica y mejorar la salud pública.

Para los municipios exentos, la ausencia de ZBE no significa que no puedan adoptarse medidas voluntarias. Podrían, si así lo decidieran, implementar restricciones propias o planes alternativos de movilidad sostenible, pero no estarán obligados a hacerlo por ley. Una situación que deja el reto de construir una movilidad más limpia sin perder de vista la realidad social y territorial de cada municipio.

Un territorio que deberá convivir con realidades distintas

La implantación desigual de la ZBE en el Baix Llobregat dibuja un mapa fragmentado, donde municipios vecinos tendrán normativas diferentes. Para los ciudadanos que se desplazan diariamente entre localidades, esta situación supondrá la necesidad de adaptarse a nuevas reglas según el destino, especialmente en áreas metropolitanas.

A pocos días de entrar en el nuevo año, los ayuntamientos deberán seguir trabajando para definir perímetros definitivos, señalizar accesos y, el tema central, desarrollar campañas informativas para preparar a los vecinos antes de la entrada en vigor definitiva.