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¿ Para qué necesitan tantos abogados algunos ayuntamientos?

Fuentes consultadas por Vilapress confirman que todos consultan con bufetes externos, algunos de renombre, a pesar de que algunos lo nieguen.

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Ayuntamientos de Castelldefels, Gavà, Viladecans y Sant Boi.


El Ayuntamiento de Viladecans es uno de los consistorios con más abogados en plantilla de las principales ciudades del Baix Llobregat. 


Oficialmente, el Ayuntamiento viladecanense informa que el número de abogados en plantilla , es de  9. Además, para ocasiones puntuales, se contrata a un abogado externo para que se encargue de temas esporádicos.


Extraoficialmente, según las fuentes de Vilapress, el número de abogados sería superior. Según las informaciones recibidas por este diario, el consistorio contrataría varios bufetes de abogados de renombre para algunos pleitos concretos como el caso del exjefe de la guardia urbana, Alnfonso Casal , y para que les asesoren.


Otras ciudades vecinas  como Castelldefels, Gavà o Sant Boi, no llegan a los diez abogados en plantilla.


Castelldefels cuenta  8 contratados y puntualmente se busca ayuda externa. Sant Boi tiene entre 5 y 6 en plantilla y no tienen ningún servicio externo, y Gavà también está en esos varemos, sin llegar a los números del Ayuntamiento de Viladecans.


Por otra parte, en el apartado de 'transparencia' de Viladecans, ha sido imposible encontrar nada concreto en cuanto a los sueldos del personal de abogados. De hecho, la disposición de la información permite ahondar hasta cierto punto. Así, la presentación presupuestaria deja llegar al apartado de retribuciones para el personal funcionario, que es donde, consultando con el ayuntamiento, se aglutina la mayoría del personal de abogados. 


Los números a los que se permite llegar son totalmente generalizados, pues engloba todo el personal funcionario de todo el Ayuntamiento, cuyo prespuesto asciende a más de 10 millones de euros, casi 5 en retribuciones básicas y casi 6 en retribuciones complementarias.


Los presupuestos anuales están dispuestos de manera interactiva, poco inteligible y agrupados en términos ambiguos, de tal forma que, al habitante de a pie, le es muy complicado enterarse de cómo se utiliza y distribuye el dinero que paga con sus impuestos.

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