La "barra libre" y el presunto trato de favor del Ayuntamiento de Viladecans a la funeraria Àltima

Se ha abierto la veda. Solo hacía falta que una familia se quejara para que se destapara todo un entramado de irregularidades y mala conducta por parte de los servicios funerarios de Viladecans.

El caso en cuestión es el siguiente. Según nos informa el representante de la asociación ESFUNE, Aurelio Sánchez, tras la muerte de una mujer en una residencia, sus hijos van al tanatorio a contratar los servicios con un presupuesto muy pobre.

Desde Àltima les comunican que, sintiéndolo mucho, no pueden hacer nada y les pasan la factura del presupuesto que asciende a 6.413 euros. Los familiares, incapaces e indignados, se niegan a pagar.

Esto ocurre un sábado. Antes de que se cumplan las 48 horas reglamentarias, ese mismo lunes por la mañana, los hijos van al Ayuntamiento de Viladecans a reclamar, y ahí les dicen que el tiempo ya ha pasado, que ya se ha acabado el tiempo de flexibilidad para tomar la decisión. Por si fuera poco, desde el consistorio reclamaron que “la mujer no estaba empadronada en Viladecans”, cuando al parecer, era de allí, de toda la vida.

La problemática aquí, según nos cuenta Sánchez, es que la funeraria tiene la obligación de informar por ley de las posibilidades a las familias sin recursos económicos, como el entierro de beneficencia. Esto radica en la ordenanza municipal sobre los servicios funerarios, que hace seis años que fue modificada y aún no la tienen adecuada en el Ayuntamiento de Viladecans.

La ilegalidad en la ordenanza municipal ya fue denunciada por ESFUNE en una instancia en el pleno del Ayuntamiento el 27 de Enero de 2016. La instancia fue conjuntamente firmada por la Asociación Contra los abusos funerarios, y fue aprobada por el Parlament de Cataluña.

Con la entrada de la reclamación, todo el consistorio aprobó una moción a favor de la adecuación. Sin embargo, pasados unos meses, ni siquiera se había expuesto el listado de los precios en la web municipal según estipula la legislación. Así, el 16 de junio de 2016 la asociación remitió una segunda instancia, exclusiva de ESFUNE esta vez, en la cual incidían en la presunta existencia de delitos penales.

Posteriormente a la salida del artículo en los medios, Àltima remitió un burofax exigiendo a ESFUNE que cesaran en sus actuaciones o, de lo contrario, tomarían acciones legales. Esto fue tomado como una amenaza por parte de ESFUNE.

Desde la asociación denuncian que, a fecha de hoy, aún no han sido colgados los precios en la página web del Ayuntamiento ni han aprobado inicialmente la nueva ordenanza. Este comportamiento por parte del consistorio, junto con la “barra libre” que le consienten a la empresa Àltima, hace que, a día de hoy, ESFUNE se esté planteando denunciar a la Fiscalía Anti-Corrupción.