Las consecuencias para los políticos que se saltan la ley

Carmen P. Flores
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Directora de Pressdigital

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Dicen que todo llega, que la justicia es lenta pero actúa aunque no nos gusten algunas de sus decisiones. “Las pruebas pesan más en la balanza de la justicia que los más elocuentes discursos”, afirmaba el poeta y dramaturgo inglés Ben Jonson, allá por el siglo XVI.


Juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) a los exmiembros de la Mesa del Parlament Anna Simó (ERC), Ramona Barrufet, Lluís Corominas y Lluís Guinó (JxSí), y la exdiputada de



Este inicio de semana, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha notificado la sentencia que condena a los exmiembros de la Mesa del Parlament Anna Simón (ERC), Ramona Barrufet, Lluís Corominas y Lluís Guinó a 20 meses de inhabilitación, una multa de 30.000 € y a pagar el 10% de las costas judiciales. La exdiputada Mireia Boya, de la CUP, ha sido absuelta. Todos ellos fueron condenados por un delito de desobediencia. 


Los expolíticos condenados son de la etapa de Carme Forcadell como presidenta del Parlament. En esa etapa es donde se inició la desobediencia de una parte de los diputados de la segunda institución de Catalunya. Desobediencia que se hizo con conocimiento de causa: la ilegalidad de las decisiones tras habérselo comunicado en más de una ocasión los letrados del Parlamento.


Quienes tienen que dar ejemplo se saltan las leyes y los mecanismos democráticos para conseguir sus objetivos. Ello lo perpetraron, como suelen hacer los niños ante la prohibición de comer muchas chuches... Claro que, unos son niños y los otros señorías a los que se les supone su buen hacer y el respeto a la legislación y a lo público. Así lo manifestaba Pericles cuando decía que “somo libres y tolerantes en nuestras vidas, pero en los asuntos públicos, nos ceñimos a la ley”.


Con esta sentencia condenatoria, un sector del mudo independentista ya tiene munición suficiente para sacarle rédito político. Todos contra el estado, al que consideran culpable, y contra los tres jueces que firman la sentencia, de quienes consideran que su sentencia es más política que judicial. Son esos servidores públicos elegidos en las urnas los que denuncian que la culpa la tienen los demás y ellos son intocables y sus acciones no tienen consecuencias, como ocurre con el resto de los mortales. Están tocados por una mano divina.


El tribunal deja muy claro en los 166 folios que argumentan la sentencia que “la conducta inobediente de los acusado miembros de la Mesa del Parlament puede calificarse, sin discusión, de manifiestamente contumaz, obstinada, recalcitrante y persistentes y, por lo mismo, de abiertamente opuesta a las prescripciones del Constitucional” .


La sentencia ha sido considerada por los dos partidos implicados, ERC y  JxCAT como “una barbaridad y un ataque a la libertad de expresión”. ¿Libertad de expresión? Ahora solo cabe esperar si los implicados la van a recurrir o no. Algunos piensan que la sentencia llega en mal momento, a pocos meses de las elecciones, y que algunos se van aprovechar. Pero visto así, los jueces van a tener que consultar a los políticos cuando les va bien que dicten sentencia. Eso les gustaría a algunos. ¿No hay separación de poderes? Depende de a quién le toque la china, se utiliza o no. 


Los políticos deben ser ejemplo para la ciudadanía que representan. Y los que no lo son, les guste o no, deben aceptar las consecuencias de sus actos. Echarle el muerto a otros es un acto de cobardía y un abuso de sus privilegios, que ya son unos cuantos.

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