El Prat aumentará las ayudas para el pago del alquiler este año

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Con las ayudas al alquiler el Ayuntamiento del Prat complementa las que concede la Generalitat, a través de la Agencia de la Vivienda de Catalunya (AHC). 


Vivienda


Las solicitudes para el pago del alquiler que convoca anualmente la Generalitat han aumentado significativamente desde del 2016. Esto, sumado a las restricciones presupuestarias, había provocado que personas que necesitaban las ayudas quedaran excluidas. Para corregir esta situación, el Ayuntamiento decidió en 2019 poner unas ayudas al alquiler con fondos municipales.


El año pasado se destinarón para tal fin 173.000 euros y ambas Administraciones acordaron adecuar las bases de la convocatoria a los cambios del mercado del alquiler, aumentando hasta los 750 euros mensuales la renta máxima de los arrendamientos para poder acceder a las ayudas y que se pudieran atender más solicitudes.


EN EL 2019 HUBO 450 SOLICITUDES DE AYUDAS


En El Prat, se presentaron durante el 2019 hasta 450 solicitudes de ayudas al alquiler y de todas se concedieron 289. De ellas 288 las concedió la Generalitat y 81 el propio Ayuntamiento.


Próximamente se iniciarán los trámites para conceder ayudas con el objetivo de promover la movilización de pisos vacíos mediante su incorporación al programa de la bolsa de alquiler que gestiona el  Prat Espais. Asimismo, también percibirán esta ayuda aquellos que renueven los contratos dentro del programa de la Bolsa de Alquiler que previamente deberán estar inscritos en el Registro de Solicitantes de Vivienda con Protección Oficial.


Bolsaalquiler


Para este concepto está previsto destinar 50.000 euros durante el 2020. Así pues, globalmente, en el año 2020 se destinarán 260.000 a ayudas de alquiler y a las viviendas del programa de la Bolsa de Alquiler.


LAS MEDIDAS URGENTES PARA MEJORAR EL ACCESO A LA VIVIENDA


Con la entrada en vigor de la nueva ley de la vivienda en Catalunya coexisten diferentes programas de ayudas al alquiler que gestiona la Generalitat a través del Departamento de Territorio y Sostenibilidad.


De esto modo se encuentran ayudas al alquiler para jóvenes menores de 35 años, para mayores de 65 años titulares de contratos de alquiler con prórroga forzosa, así mismo ayudas para el alquiler para personas que se encuentran en condiciones especiales, también para personas arrendatarias de viviendas administradas por operadores de parque público y de zonas de protección oficial. 


Cabe recordar que en Catalunya aprobó el pasado mes de enero de 2020 el  nuevo decreto-ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, apenas seis meses después de la derogación, por falta de convalidación, del Decreto ley 9/2019, de 21 de mayo, que limitaba el precio de los alquileres en Catalunya, el Diario Oficial de la Generalidad publicó el pasado 30 de diciembre el Decreto-ley 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas de refuerzo urgentes para mejorar el acceso a la vivienda. 



ALQUILER2





La nueva ley trata fundamentalmente de incrementar el parque de vivienda protegida y la oferta de viviendas en régimen de alquiler.


Alojamiento dotacional: En la sección 2, relativa a las medidas para resolver situaciones de emergencia social, se define el alojamiento dotacional en sustitución de las viviendas dotacionales públicas, con la finalidad de abrir este tipo de alojamiento hacia una tipología más diversa, más adaptable a las necesidades de residencia temporal de colectivos diversos.


Situaciones de emergencia: En relación con el alojamiento de personas afectadas por situaciones de emergencia social, se regula la adjudicación provisional de alojamiento a los afectados, que se podrá hacer en alojamientos dotacionales o, si la Administración no dispone de estos, en viviendas gestionadas por las administraciones públicas, y también se prevén otras posibilidades de adjudicación provisional de alojamiento con relación a situaciones de emergencia social que se produzcan en viviendas ocupadas sin título habilitante con anterioridad a su incorporación al parque gestionado por las administraciones, siempre que se cumplan determinadas condiciones.


También se regula la renovación obligatoria de los contratos de alquiler social cuando, finalizada su duración máxima, los ocupantes se encuentren todavía dentro de los parámetros legales de exclusión residencial.


Por otra parte, se hace extensiva la obligación de hacer una propuesta de alquiler social antes de interponer una demanda judicial con relación a cualquier acción ejecutiva derivada de la reclamación de una deuda hipotecaria y otras demandas de desahucio. Se amplía la duración mínima de los contratos de alquiler social y se hace extensiva la definición de gran tenedor al fondo de capital riesgo y de titulización de activos y a las personas físicas que dispongan de más de 15 viviendas.


Viviendas de protección oficial: Tanto la calificación de vivienda con protección oficial como la calificación urbanística de vivienda de protección pública que establezca el planeamiento urbanístico tienen que concretar si se trata de una calificación genérica o específica, según el acceso a la vivienda de los usuarios pueda estar en régimen de propiedad, de arrendamiento u otro régimen de cesión del uso sin transmisión de la propiedad, o exclusivamente en régimen de arrendamiento.


Con respecto a la determinación de los precios de venta y rentas máximos de las viviendas con protección oficial, se configura un sistema desagregado del nivel de ingresos de los posibles usuarios.


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El precio de venta máximo de una vivienda de protección oficial es el resultado de aplicar un factor de localización y un factor de características al precio de venta básico, representativo del valor de una vivienda de características estándares en cualquier punto del territorio calculado a partir de un valor mínimo del suelo no transformado urbanísticamente cerca de núcleo de población, que la misma ley establece en 7,5 euros por metro cuadrado. El factor de características permite corregir el precio básico a la baja o al alza en función de la eficiencia energética y en función de la antigüedad y el estado de conservación respecto de las viviendas usadas.


Los precios de venta y renta máximos se tienen que determinar cuando se califique la vivienda con protección pública y cada vez que se formalice un contrato de transmisión de su propiedad o de cesión del uso, sin perjuicio de la actualización de la renta durante la vigencia del contrato.

Con respecto a las adjudicaciones de viviendas con protección oficial de promoción privada, se regulan en función de la existencia de ayudas públicas a la promoción, de su destino al régimen de alquiler o de la calificación del suelo como vivienda de protección pública.


Moderación del precio de los alquileres: La norma también regula el Índice de referencia de precios del alquiler de viviendas y la obligación de incluir los datos del Índice en la publicidad y en las ofertas de viviendas de alquiler y en los contratos que se firmen, y se tipifica como infracción administrativa el incumplimiento de estas obligaciones.


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