La Generalitat restringe los movimientos de tierras en el Parc Agrari para evitar la acumulación de escombros

La última de las amenazas del Parque Agrario son los movimientos de tierras sin control, aprovechando la jubilación de algunos agricultores, las parcelas se alquilaban para que se acumularan escombros de la construcción para ahorrar costes que se descontroló a partir de 2017. Y es que la historia del Parc Agrari del Baix Llobregat, es unica en Europa, es la de un superviviente en un terreno muy goloso de 3.473 hectáreas dedicadas al sector primario, con 500 explotaciones agrícolas que generan 1.200 puestos de trabajo.

Durante el periodo 2017-2018 se solicitaron hasta 23 licencias, según detallan fuentes del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya y se alzaron grandes montañas de residuos áridos en zonas pertenecientes a municipios como Coloma de Cervelló, Viladecans, Gavà o Sant Boi de Llobregat.

Los agricultores perjudicados por el polvo generado por los áridos, los efectos de su mezcla con la lluvia o la devaluación del valor de sus tierras, entre otras cuestiones plantearon el problema ante la Comisión Territorial de Urbanismo del ámbito metropolitano de la Generalitat y ésta aprobó una modificación del artículo 29 de las normas urbanísticas del plan especial de protección y mejora del Parc Agrari con el objetivo de  “blindar el terreno para que no se hagan movimientos de tierras sin ningún interés agrícola, ecológico o paisajístico, para acabar con esta práctica, ya que ahora la norma es mucho más restrictiva”.

Una nueva batalla que los agricultores esperan haber ganado. No es la primera y seguramente no será la última. La disciplina urbanística es un riesgo, pero el principal peligro del Parc Agrari son los ayuntamientos. La zona está gestionada por un Consorcio integrado por 14 consistorios, la Diputación de Barcelona, la Generalitat, UP y, desde el año pasado, el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Precisamente la entrada del AMB puede significar una oportunidad ya que se creará una “unidad de disciplina urbanística” que unificará criterios regulatorios.