El cielo está enladrillado

“¿Quién lo desenladrillará?” El trabalenguas de nuestra infancia se ha reencarnado en la realidad política, dominada por múltiples situaciones de bloqueo. Fijada la fecha para la investidura de Pedro Sánchez, nada garantiza que este primer intento no resulte fallido. Mucho se ha escrito acerca de las razones que explican el desencuentro entre Pablo Iglesias y el líder socialista, reticente a aceptar la fórmula de un gobierno de coalición. Pero vale la pena detenerse sobre una reiterada objeción, esgrimida por el PSOE: el temor a que la sentencia del Supremo sobre el “otoño catalán” de 2017 pudiese suscitar, apenas iniciada la legislatura, reacciones contradictorias en el seno de un ejecutivo con dos almas.

La reserva no es baladí, ni se antoja fácil despejarla. ¿Lo será en las próximas semanas? ¿Acaso recurriendo a alguna fórmula flexible, como un pacto de legislatura que deje para más adelante un eventual gobierno de coalición? El “problema catalán” planea sobre la investidura y será uno de los grandes quebraderos de cabeza de la próxima legislatura. Sánchez preferiría conformar un gobierno homogéneo y practicar una política de alianzas de geometría variable – más allá de una agenda compartida con la izquierda alternativa. Queda por ver si Albert Rivera resistirá hasta el final las presiones que le conminan a un gesto de moderación. Pero la negativa de PP y C's a facilitar la investidura pretende en primer lugar visibilizar que el PSOE requiere la abstención de “quienes pretenden romper España”. (El tardío ofrecimiento de Casado – Navarra a cambio de unos votos – parece más pensado para “desenmascarar” a Sánchez que para llevarle a la Moncloa). La pretendida “complicidad con los separatistas” será el discurso recurrente de unas derechas azuzadas por Vox… y ansiosas por explorar las potencialidades de un “proceso” con aires de reconquista.

Si Madrid parece empantanada, parálisis e incompetencia resumen el balance del gobierno que preside Torra –como vicario de Puigdemont. Un gabinete incapaz de llevar siquiera unos presupuestos al Parlament, atenazado por la pugna inacabable entre ERC y las sucesivas mutaciones de Convergència. Esa pugna llevó a la reprobación de las cuentas del anterior gobierno socialista y precipitó la convocatoria de elecciones. La administración, asfixiada por falta de recursos, desatiende compromisos y perentorias emergencias sociales, como la Renta de Ciudadanía.

Todo está pendiente de la sentencia, que muy probablemente será el preludio de unas elecciones autonómicas anticipadas. La gestión de su impacto emocional y político no resultará nada fácil. Es ocioso especular sobre la severidad del Supremo. Pero el hecho de que se prolongue la prisión provisional una vez concluido el juicio quizás no sea un buen augurio. En cualquier caso, corresponderá a la política hacerse cargo de la situación. ¿Cuál será entonces la actitud del independentismo, más allá de comprensibles protestas? ¿"Volveremos a hacerlo"? ¿O aprovechará el talante de un gobierno favorable al diálogo para buscar, desde el respeto a la separación de poderes, una salida airosa a la situación de los presos? La línea que adopten los partidos durante la investidura –ya sea facilitando tal gobierno o, por el contrario, apostando una vez más a “cuanto peor, mejor”- nos lo dirá.

La izquierda alternativa, deseosa de un retorno a la agenda social, podría contribuir a decantar ese escenario, oponiéndose sin ambigüedad a las tentaciones aventureras del independentismo. Conservar la alcaldía de Barcelona ha sido un hecho trascendente que debería inaugurar un nuevo rumbo de los comunes. Más allá de los insultos que la Plaza de Sant Jaume dirigió a Ada Colau, la ciudad respiró aliviada. Por encima del griterío de los diferentes “estrategas de la tensión”, cuando llegue el otoño se tratará de hablar al corazón de la España trabajadora y razonable. Quien lo consiga, “buen desenladrillador será”.