Acciona se plantea demandar al Govern por la rídicula liquidación de ATLL

El Govern ha aprobado finalmente la cantidad de la liquidación del contrato de la gestión de abastecimiento de agua en alta de Aigües Ter-Llobregat (ATLL, renombrada actualmente por ATL) por un importe de 53,8 millones de euros a favor de la empresa concesionaria.

La liquidación, calificada por el decreto del Govern como "definitiva provisional", se realizará en julio de 2019, una vez la sociedad aporte la documentación contable y oficial acreditativa de los conceptos reconocidos en esta liquidación provisional, ha informado la Generalitat este martes en un comunicado.

Esta cantidad es la segunda que la Generalitat pone sobre la mesa después de las alegaciones formuladas por la sociedad concesionaria (Acciona y la sociedad norteamericana Pioneer Capital Partners) a mediados de enero. Pese que esta sociedad afirmó que la propuesta era claramente fraudulenta y que tenía una esencia confiscatoria, la Generalitat hizo caso omiso y siguió adelante con su propuesta, elaborada por la comisión creada por el Executiu en julio de 2018.

ACCIONA PIDE 305 MILLONES

El 28 de febrero de este año se consumó el "retorno" de la ATLL al seno de la administración catalana. Siete años después de una de las mayores concesiones llevada jamás a cabo por la Generalitat, la empresa de abastecimiento de agua volvió definitivamente a manos públicas pese a la oposición de la concesionaria, que llevó a juicio a la administración catalana.

En conversación con este medio, fuentes de Acciona han apuntado que la compañía estudia recurrir ante los tribunales la liquidación del contrato ratificada este martes por la Generalitat. La concesionaria considera que el pago mínimo por la liquidación debe ser de 305,2 millones, una cantidad muy lejana de la cifra ofrecida por el Govern.

Asimismo, Acciona no descarta presentar en un futuro otra demanda por daños y perjuicios que podría alcanzar, según informes periciales elaborados en posesión de la compañía, más de 700 millones de euros.

En total, la factura por la concesión podría costarle al contribuyente catalán la friolera de 1.036 millones de euros que deberían ser abonados a la compañía.

"CONFISCACIÓN" Y "FRAUDE DE LEY"

Acciona jamás ha visto el sentido jurídico de la liquidación del servicio. La compañía considera que la Generalitat ha incurrido en un "fraude de ley y una desviación de poder" para obtener simplemente réditos económicos. De hecho, la empresa llega a calificar este proceso como una "confiscación" e "incautación ilegítima".

Las diferencias entre la Generalitat y la constructora parten de la forma en cómo interpretan la nulidad del contrato de concesión. Mientras que la compañía defiende que en ningún momento es nulo de pleno derecho, sino solamente anulable por un defecto de forma, el Govern considera que el contrato es nulo de origen.

Este matiz ya fue zanjado por el Tribunal Supremo, que ratificó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya del 22 de junio de 2015. En el fallo, el Alto Tribunal consideró que la adjudicación había contado con irregularidades, pero que el contrato de adjudicación no era nulo y que, por tanto, debía procederse a indemnizar a la concesionaria por la liquidación del contrato.