Según testigos presenciales, los altercados se saldaron con al menos una persona herida, reflejo del elevado grado de malestar social generado por esta cuestión. Desde el Grupo Popular de Viladecans se lamenta que el gobierno municipal haya optado por rechazar cualquier medida de prudencia, negándose a suspender cautelarmente el cobro de la tasa y a revisar tanto los criterios para imponer la tasa como una ordenanza que presenta serias dudas de legalidad entre ellas: ∙ La falta de publicación de una memoria económica que justifique el importe de la tasa, como exige la ley. ∙ El uso de criterios ajenos al coste real del servicio, como el valor catastral de las viviendas. ∙ El desajuste entre el servicio contratado y el realmente prestado. ∙ El riesgo de doble financiación del servicio de recogida de residuos. “El gobierno municipal ha decidido ignorar tanto los argumentos jurídicos expuestos en el Pleno como el clamor ciudadano que se escuchaba en la puerta del Ayuntamiento”, han señalado desde el Grupo Popular, que considera “muy grave” mantener el cobro de una tasa sin aportar la documentación económica exigida por la normativa vigente. Pese a todo, la concejala del Área de Gobierno Interno y Gestión de Recursos Municipales apuntó, con la boca pequeña, la posibilidad de replantear la tasa, aunque creemos que lo hizo porque la traicionaron los nervios y la presión a la que se vio sometida por la oposición, la intervención popular y la manifestación. El Grupo Popular de Viladecans anuncia que continuará trabajando en el ámbito institucional, jurídico y social para defender los derechos de vecinos y comercios, exigir transparencia y garantizar que en Viladecans solo se cobre lo que marca la ley, sin abusos ni improvisaciones.
