Expertos y administraciones defienden en Sant Boi una cultura preventiva frente a la corrupción

El encuentro, celebrado en Cal Ninyo, reunió a responsables públicos, expertos jurídicos y técnicos de diferentes administraciones para abordar experiencias y retos vinculados a los sistemas internos de alerta y a las cartas de servicios como herramientas de calidad democrática en la Setmana del Govern Obert 2026.

Durante la inauguración, se destacó que “la fuerza de la democracia es más fuerte cuando las instituciones son claras, accesibles y responsables”, y se reivindicó el compromiso histórico de Sant Boi con la transparencia y la buena gobernanza.

Se recordó en el encuentro que Sant Boi aprobó su primer código ético en 2012, incluso antes de que la legislación lo exigiera, como muestra “de una gran voluntad de hacer las cosas mejor”. Además, el consistorio ha impulsado en los últimos años un sistema integral de integridad pública basado en la prevención de riesgos, la coherencia institucional y la mejora continua de los procesos administrativos.

Este modelo se fundamenta en valores como la comunicación, la participación, la proactividad, la empatía y el cuidado hacia la ciudadanía. También puso en valor el papel del Comité de Ética municipal, formado por trabajadores de diferentes áreas y perfiles profesionales, encargado de elaborar recomendaciones y reforzar la cultura ética dentro de la administración pública local.

La protección de las personas alertadoras de corrupción

Durante la jornada se abordaron especialmente dos ámbitos estratégicos: las cartas de servicios y la protección de personas alertadoras. En este sentido, los participantes defendieron que “proteger a las personas alertadoras es proteger la democracia”, y se insistió en la necesidad de garantizar "canales seguros y confidenciales para que cualquier ciudadano o trabajador público pueda comunicar irregularidades sin represalias".

La sesión contó con especialistas de diferentes administraciones y organismos públicos, entre ellos Mercè Martí y Silvia Montañés, responsables municipales de transparencia y buen gobierno de Sant Boi; la Oficina Antifrau de Catalunya; responsables de Ferrocarrils de la Generalitat; y representantes de Barcelona Serveis Municipals.

Los participantes coincidieron en señalar que el principal reto es incorporar los sistemas de alerta dentro de la cultura organizativa de las administraciones y generar confianza entre los trabajadores para que utilicen estos canales de forma adecuada. Durante las intervenciones se insistió reiteradamente en la necesidad de hacer “pedagogía” dentro de las organizaciones para explicar qué es una alerta de interés público y diferenciarla de conflictos personales o laborales.

Diversos ponentes alertaron también de la dificultad real de proteger a las personas alertadoras frente a posibles represalias, pese al amparo legal existente. Desde la Oficina Antifraude se remarcó que muchas veces las organizaciones centran sus esfuerzos en identificar quién ha realizado la denuncia en lugar de investigar los hechos denunciados.

Durante el debate también se plantearon posibles reformas legislativas, tanto de la normativa estatal como de una futura ley catalana de protección de personas alertadoras. Los expertos defendieron la necesidad de “aterrizar” la ley dentro de la realidad cotidiana de las organizaciones y avanzar hacia modelos más preventivos y pedagógicos.

Entre las propuestas expuestas aparecieron la necesidad de reforzar el asesoramiento previo antes de presentar alertas, garantizar más recursos y financiación para los canales internos, proteger específicamente a las personas responsables de los sistemas internos de alerta y mejorar la coordinación entre canales de quejas, denuncias y alertas.

Los participantes también debatieron sobre la posibilidad de ampliar el ámbito subjetivo de la normativa para que personas usuarias de los servicios públicos puedan presentar alertas protegidas, así como la necesidad de simplificar el lenguaje jurídico y adaptar la comunicación para que sea más comprensible para trabajadores y ciudadanía.

Durante las intervenciones se insistió especialmente en la importancia de crear una “cultura de la prevención” basada en la integridad y la confianza, así como en la necesidad de implicar sindicatos, equipos humanos y responsables políticos en la construcción de estos sistemas.

Las "alertas" son una comunicación preliminar para detectar riesgos y mejorar las organizaciones

También se defendió que las alertas deben entenderse como una comunicación preliminar orientada a detectar riesgos y mejorar las organizaciones, y no únicamente como un mecanismo sancionador o de denuncia.

Diversos ponentes reclamaron más formación interna, herramientas de mediación para reducir conflictos laborales y protocolos específicos contra represalias. También se puso sobre la mesa la necesidad de evaluar continuamente los sistemas de integridad y entender las alertas como una oportunidad para corregir errores y reforzar la calidad institucional.

La jornada sirvió igualmente para reivindicar que las políticas de integridad y transparencia han dejado de ser cuestiones administrativas secundarias para convertirse en herramientas esenciales para reforzar la calidad democrática y la confianza ciudadana.