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400 millones para solventar una deuda en Polonia: los fondos de Celsa siguen con su plan de reestructuración

La transacción se completó la semana pasada y fue liderada por SVP, el fondo que posee aproximadamente el 12,5% del grupo catalán

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Fotografía de Celsa @Google Maps
Fotografía de Celsa @Google Maps

Un mes después de asumir el control de Celsa e implementar el plan de reestructuración aprobado por el sistema judicial, los fondos acreedores aumentan el costo de su participación en la compañía siderúrgica. A pesar de que la estrategia inicial contemplaba la capitalización de 1.291 millones de euros de la deuda y la refinanciación del resto del pasivo acumulado, en las primeras semanas de gestión se vieron obligados a aportar 414 millones de euros adicionales para reestructurar y extender los plazos de vencimiento de un préstamo sindicado que afectaba a la filial polaca de la empresa catalana, Celsa Huta Ostrowiec, con fechas de devolución previstas entre 2024 y 2025.

 

La transacción se completó la semana pasada y fue liderada por SVP, el fondo que posee aproximadamente el 12,5% del grupo catalán y que aportó la mayor parte del capital. Según fuentes financieras, también participaron los demás inversores presentes en la empresa, como Deutsche Bank, Attestor, Cross Ocean y GoldenTree. Este nuevo programa reemplaza al acuerdo previamente suscrito con la banca internacional, el cual contenía una cláusula que permitía su resolución en caso de cambio de propietarios.

 

De este modo, el consorcio de fondos inyectó una suma de 414 millones de euros, destinada a solventar la financiación pendiente de 392 millones y efectuar un pago de dividendos de 16 millones de euros a la empresa matriz.

 

Las mismas fuentes indican que este programa queda al margen del plan de reestructuración aprobado en septiembre por el juzgado de lo mercantil número 2 de Barcelona, que se centró en las sociedades principales. Al tratarse únicamente de una filial, la financiación estaba respaldada por los activos que posee el grupo en Polonia, donde opera una acería y un tren de laminación desde 2003. En este país, lleva a cabo tanto la forja como el ensamblaje de productos largos, además de gestionar el reciclaje de chatarra.

 

 

 

 

 

Una vez concluida esta transacción, queda por determinar si los acreedores se enfrentarán a situaciones análogas en otras filiales, aunque hasta el momento no se han registrado incidentes de esta naturaleza.

Fue precisamente la expansión agresiva liderada por Francesc Rubiralta, ex consejero delegado de la empresa, hacia los mercados europeos lo que generó un aumento considerable en la deuda de la compañía siderúrgica. 

 

Después de concentrar sus esfuerzos a finales de los años 80 y principios de los 90 en la adquisición de empresas españolas, como Siderúrgica Besós, GSW y Nervacero, con éxito, la empresa intentó repetir la estrategia a nivel continental en la década de 2000. Experimentó un crecimiento en países como Polonia, Reino Unido y los Países Nórdicos. Sin embargo, la crisis de 2008 provocó que estos activos se convirtieran en un desafío, a pesar de que, en la operación diaria, pudieran funcionar, considerando el precio pagado en su momento.

 

 

 

 

 

Además, la sucursal polaca (Celsa Huta Ostrowiec) tiene un extenso historial de refinanciamientos. En al menos dos ocasiones, en 2011 y 2016, los Rubiralta se vieron obligados a negociar con la banca internacional debido a deudas que superaban los 500 millones de euros. Esta práctica también se repitió en otras filiales o a nivel del grupo. Es más, antes de perder el control de la empresa, el líder catalán señalaba que había atravesado hasta quince procesos de refinanciación.

 

Adicionalmente a los 414 millones obtenidos en préstamos, los nuevos propietarios tuvieron que negociar en noviembre con importantes entidades financieras españolas para renovar los 525 millones necesarios para los gastos diarios de la siderúrgica. CaixaBank y Banco Santander, cada uno con alrededor de 120 millones, y BBVA y Banc Sabadell, aproximadamente con 105 millones, acordaron extender la financiación por un periodo de cinco años, tras haber renovado sus compromisos de manera trimestral o semestral desde el inicio del conflicto.

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