Martorell 'corta el grifo' de las fuentes municipales para frenar la 'okupación' ilegal

El Ayuntamiento de Martorell ha aprobado una medida que ha encendido el debate político y social en el municipio. “Se prohíbe utilizar fuentes públicas para acumular agua utilizando garrafas, botellas o artilugios de cualquier tipo que permitan su almacenaje”. El pleno municipal dio luz verde este lunes por la tarde a una modificación de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana con el objetivo de combatir y dificultar la 'okupación' de pisos ilegales, así lo señalan desde el gobierno local (Junts y PSC). La normativa, que entrará en vigor con carácter sancionador, contempla multas de hasta 750 euros, lo que ha generado un amplio rechazo entre entidades vecinales y partidos de la oposición.

Un cambio legal ligado a la lucha contra la ocupación

El alcalde, Xavier Fonollosa, defendió la medida en declaraciones a Rac1 recogidas por Vilapress asegurando que la prohibición tiene un único objetivo: frenar la 'okupación' en Martorell. “Últimamente nos hemos encontrado que hay fuentes en el municipio donde hay 'okupas' que, con carros, llenan garrafas de agua. Y en Martorell no queremos 'okupas'”, explicaba el alcalde. Además, añadía con contundencia que su trabajo también pasa por entorpecer,, en la medida que sea posible dentro de la ley, la actividad de personas que "okupan" ilegalmente viviendas del municipio. Por poner en contexto la lucha que se está llevando desde la alcaldía, cabe recordar que es el mismo alcalde el que reconoce que no los están empadronando a todos, "aun siendo una obligación municipal" aprobada en el Parlament de Catalunya.

A pesar del tono firme, Fonollosa quiso matizar algunas de sus palabras, afirmando que el municipio “no tiene ningún problema con la inmigración” y que la "convivencia es buena", pero insiste en que ciertos comportamientos vinculados a la 'okupación' están generando conflictos de convivencia vecinal. También señaló que las familias vulnerables cuentan ya con ayudas públicas, dejando entrever que su intención no es "castigar a quienes dependen de prestaciones sociales".

El alcalde aprovechó para recalcar que la medida no será inhumana y asegura que “no se corta el agua a nadie por motivos socioeconómicos”, y que, en casos de verdadera vulnerabilidad, “las administraciones públicas actuamos”. 

Mientras el gobierno local defiende que la norma ayudará a combatir prácticas vinculadas a la 'okupación', la oposición y las entidades sociales temen que se penalice a personas en situación de vulnerabilidad, generando un precedente local peligroso.

Críticas de ERC y Movem Martorell: “El agua es un derecho fundamental”

Los grupos municipales que forman la oposición, ERC Martorell y Movem Martorell, manifestaron su rotundo rechazo a la nueva ordenanza, adviertiendo que es una medida que puede afectar directamente a los colectivos más vulnerables de la ciudad y que atenta directamente contra los derechos humanos.

Laura Ruiz, concejal de Movem Martorell, fue especialmente crítica y en su intervención quisó atizar al gobierno local:

“Es falso que no se corte el agua a personas con expediente en servicios sociales. Esta ordenanza vulnera los derechos humanos. El agua es un derecho fundamental”.

Ruiz aseguró que su formación hará todo lo posible para impugnar la ordenanza y llevarla ante los tribunales, siendo "un juzgado quien pare la ordenanza", afirmaba la portavoz.

Desde ERC, su concejal Soulimane Messaoudi alertó sobre la "posible discriminación de derechos básicos" hacia personas sin recursos y reclamó garantizar el acceso al agua “a cualquier colectivo”, preguntándose qué soluciones plantea el gobierno para personas sin hogar o quienes viven en barracas.

Messaoudi pidió al alcalde retirar el artículo y exigió al PSC votar en contra, pero los socialistas validaron la medida junto a Junts, con 17 votos a favor y 3 en contra. Su portavoz, Javier González, defendió la votación argumentando que la ordenanza forma parte de una estrategia global de convivencia:

“Debemos garantizar servicios que luchen contra la vulnerabilidad. Esta ordenanza no va en contra de ello”.

La ciudadanía se organiza: una plataforma vecinal inicia una recogida de firmas

La respuesta social tampoco se ha hecho esperar. La plataforma Aliança per l’Accés a l’Aigua ha iniciado una recogida de firmas para exigir la retirada del artículo, denunciando que la decisión “castiga a las personas más humildes”. La entidad asegura que el gobierno municipal lleva semanas cerrando fuentes públicas, un gesto que consideran un “paso más” hacia políticas injustas y discriminatorias.