Escándalo en El Prat: un vecino denuncia que los cadáveres de animales son tratados como simples bolsas de basura

En El Prat de Llobregat se ha destapado una práctica que ha generado indignación entre entidades animalistas y preocupación en el ámbito jurídico: el depósito de animales muertos en contenedores de basura municipales. La denuncia, presentada por Jordi, vecino de El Prat, sostiene que los cadáveres de gatos y otros animales de menos de 25 kilos están siendo eliminados de forma irregular, vulnerando la normativa sobre residuos, sanidad animal y protección de los animales.

La denuncia y las pruebas

Todo comenzó con una solicitud de información al Ayuntamiento de El Prat, registrada el 20 de agosto de 2025. En su respuesta oficial (25/08/2025, exp. 32114/2025), el consistorio explicó que la responsabilidad de gestionar el cadáver de un animal de compañía corresponde a su propietario, que debe recurrir a empresas reconocidas para su incineración o entierro, lo que además permite tramitar la baja en el censo municipal.

El Ayuntamiento señaló que El Prat dispone de un servicio municipal gratuito de recogida e incineración para animales censados con al menos un año de antigüedad, mientras que en el caso de animales no censados o hallados en la vía pública, el tratamiento lo realiza el servicio de limpieza viaria. En esa respuesta, el consistorio reconoció que, si el peso del animal es inferior a 25 kilos, se deposita dentro de una bolsa cerrada en contenedores grises de resto; si supera ese peso, se traslada directamente a la planta de tratamiento de residuos designada por el Área Metropolitana de Barcelona.

Asimismo, detalló que, en situaciones específicas como episodios de gripe aviar, se activa a los Agentes Rurales, y que en el caso de gatos de colonias controladas, la retirada la realizan las empresas adjudicatarias de los servicios municipales de gestión de colonias felinas o de recogida de animales de compañía. Finalmente, aseguró que “ni el personal de Salut Pública ni el de Limpieza Viaria dan instrucciones a la ciudadanía para depositar cadáveres en los contenedores de residuos orgánicos” y que se está reforzando la información y formación del personal para evitar confusiones.

Sin embargo, el denunciante aporta como prueba una captura de WhatsApp en la que la técnica municipal de Salut Pública y Consumo, Cristina Armada, responde a una voluntaria de colonia felina que los gatos muertos deben tirarse al contenedor, “como siempre”. Esta frase, según Jordi, demuestra que la práctica es reiterada y conocida por personal municipal.

Otro de los puntos más polémicos es que en ocasiones son los propios voluntarios de colonias felinas quienes recogen los cuerpos, una tarea que según la normativa SANDACH corresponde exclusivamente a los servicios municipales o a empresas autorizadas. Esta cesión irregular no solo genera riesgos sanitarios, sino que libera de forma indebida al Ayuntamiento de sus responsabilidades legales.

Vulneraciones legales y sanitarias

La gestión de cadáveres animales está regulada por estrictos marcos legales. El Reglamento (CE) 1069/2009 y el Reglamento (UE) 142/2011 establecen que los animales muertos deben recogerse y eliminarse mediante operadores autorizados. La Ley 8/2003 de Sanidad Animal tipifica como infracción grave la eliminación inadecuada de cadáveres, con sanciones de 3.001 a 60.000 euros.

La Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados eleva las sanciones hasta 600.000 euros en los casos de gestión indebida que suponga un riesgo para la salud pública o el medio ambiente. Por su parte, la Ley 2/2008 de Protección de los Animales de Cataluña obliga a garantizar un trato digno a los animales incluso tras su muerte. Tirar sus cadáveres a un contenedor constituye, según la denuncia, un trato indigno sancionable con multas de hasta 20.000 euros.

El propio Código Penal contempla posibles responsabilidades penales. El artículo 325 castiga con penas de prisión a quienes infrinjan leyes medioambientales provocando un riesgo grave para la salud pública o el entorno, mientras que el artículo 326 bis agrava las penas cuando los hechos los comete una autoridad o funcionario público.

Del Ayuntamiento a la Fiscalía

Ante estos hechos, Jordi presentó denuncias tanto ante el Departament d’Acció Climàtica como ante la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Barcelona. En ellas pide que se investigue la gestión de cadáveres en El Prat, se requiera al Ayuntamiento que aporte sus protocolos internos y se abran diligencias de investigación.

El consistorio, por su parte, ha negado en pleno municipal que existan instrucciones técnicas para depositar animales en los contenedores. Sin embargo, los documentos aportados por el denunciante contradicen esa versión. En las instancias presentadas también se constata que el propio Ayuntamiento reconoce que los animales de menos de 25 kilos se destinan al contenedor gris, mientras que los de mayor tamaño se entregan a una empresa autorizada.

Una cuestión de salud pública y de dignidad animal

El fondo de la denuncia no se limita a cuestiones administrativas. Para Jordi, la eliminación de cadáveres como simples residuos domésticos supone un riesgo para la salud pública, pues los animales pueden portar enfermedades transmisibles. Pero también plantea un problema ético: la dignidad post mortem de los animales, recogida en la legislación catalana, que exige un trato respetuoso incluso tras su muerte.

El caso ya ha sido admitido por el Departament d’Acció Climàtica, que estudia si abrir expediente sancionador, y está en manos de la Fiscalía, que deberá determinar si concurren responsabilidades penales.

Mientras tanto, la polémica sigue creciendo en El Prat, donde el debate no es solo técnico, sino también moral: ¿puede una administración municipal tratar a los animales muertos como simples bolsas de basura?