Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), en el limbo judicial: ¿Tendrán los ayuntamientos que devolver el dinero de las multas?

Los jueces han estimado que muchas ZBE carecen de estudios económicos que avalen el impacto sobre la movilidad y, además, han considerado que penalizan injustamente a los ciudadanos de rentas bajas, al restringirles el acceso con vehículos más antiguos. 

De las ciudades obligadas por ley a tener activas estas zonas hace dos años, solo una de cada tres lo ha logrado sin tropezar en los tribunales.

Barcelona fue pionera en poner en marcha su ZBE, pero sufrió meses de paralización tras la anulación judicial de su regulación inicial. En Madrid, la sentencia contra “Madrid Central” forzó su remodelación bajo el nombre de “Madrid 360”, un proyecto que también ha sido recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Su reciente anulación abre la puerta a que los conductores que ya pagaron reciban de vuelta sus sanciones, aunque el recurso del Ayuntamiento podría prolongarse más de un año.

Si el TSJM confirma definitivamente la anulación, las más de 2 millones de multas impuestas en la capital dejarán de tener efecto jurídico, y los usuarios podrían reclamar la devolución íntegra de lo abonado. La organización Automovilistas Europeos Asociados aconseja a los sancionados valorar si pagar o recurrir, teniendo en cuenta que recurrir implica la pérdida del 50 % de descuento por pronto pago.

Ante la incertidumbre legal, los ayuntamientos afectados trabajan ya en nuevos planes de ZBE para salvar los vacíos formales —incorporando estudios de viabilidad económica y ampliando los plazos de información y adaptación— y reinstaurar las restricciones en cuanto concluya el litigio. Sin embargo, esta maniobra no blindará retroactivamente las multas caídas en el limbo: los conductores sancionados tienen derecho a recuperar su dinero mientras dure el contencioso.

El pulso entre administraciones y tribunales deja en evidencia la necesidad de diseñar ZBE sólidas, con bases técnicas y sociales tan firmes como sus objetivos climáticos. De no resolverse pronto, el “efecto reembolso” podría suponer un golpe millonario a las arcas municipales y un varapalo al impulso medioambiental que persigue modernizar el parque automovilístico y mejorar la calidad del aire en las grandes urbes.