La implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en el país afronta un nuevo revés: los tribunales están anulando los proyectos por deficiencias formales y alegaciones de “clasismo”, lo que pone en riesgo la validez de más de dos millones de sanciones impuestas desde diciembre de 2021 y podría obligar a los ayuntamientos a devolver el dinero de las multas