La implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en el país afronta un nuevo revés: los tribunales están anulando los proyectos por deficiencias formales y alegaciones de “clasismo”, lo que pone en riesgo la validez de más de dos millones de sanciones impuestas desde diciembre de 2021 y podría obligar a los ayuntamientos a devolver el dinero de las multas
Se ha firmado un convenio de colaboración para "facilitar la interlocución" entre los propietarios de coches históricos y el Registro metropolitano
Las nuevas ZBE se han diseñado como parte de una estrategia metropolitana más amplia para reducir la contaminación
Se han incorporado en el sistema automático de control y sanciones metropolitano
Municipios vecinos como Gavà y El Prat ya han activado las sanciones desde el pasado 2 de septiembre
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha anulado recientemente las ZBE en Cornellà y Esplugues
Denuncian que "limitan derechos fundamentales como la libertad de circulación, generan desigualdad y perjudican a la clase media trabajadora"
La nueva ley afectará particularmente a los municipios con una población comprendida entre 20.000 y 50.000 habitantes
El ente metropolitano ha presentado alegaciones al proyecto de decreto que se está tramitando para defender y proteger los buenos resultados
Las ZBE limitan el acceso, estacionamiento y circulación de vehículos para mejorar la calidad del aire