Las empresas del Baix Llobregat con más de 50 trabajadores que no creen un canal denuncias interno serán multadas

Desde el 1 de diciembre, las compañías con más de 50 empleados deben contar con un sistema interno de denuncias en conformidad con la Ley 2/2023. Esta normativa facilita a los trabajadores la posibilidad de alertar de manera anónima sobre casos de corrupción, abusos u otras actividades ilícitas dentro de la organización. A pesar de las multas que van desde 10,000 euros hasta un millón en situaciones más graves por la ausencia de dicho sistema, solo el 16% de las empresas catalanas obligadas han implementado este canal. En otras palabras, ocho de cada diez empresas en Catalunya no cumplen con la legislación y podrían enfrentar sanciones desde el pasado viernes.

En Catalunya, hay 5,830 empresas con una plantilla de 50 a 250 trabajadores y 2,303 con más de 250 empleados, según datos del Instituto de Estadística de Catalunya (Idescat) de 2022. En total, 8,133 empresas están obligadas a establecer este canal. La Oficina de Antifraude de Catalunya señala que solo 1,145 empresas del sector privado y 195 del sector público han implementado el sistema, representando un 16.48% del total obligado.

A pesar de la obligatoriedad, la Oficina de Antifrau indica que inicialmente se centrarán en una fase informativa y no aplicarán multas de inmediato. No obstante, los trabajadores que carezcan de este canal ya pueden denunciarlo a las autoridades catalanas. En otras comunidades autónomas, aunque las sanciones estén activas, no se aplicarán hasta la creación de la Autoridad Independiente de Protección al Informante, vinculada al Ministerio de Justicia y encargada de imponer sanciones en las regiones sin entidad propia. Catalunya, Andalucía, Comunidad Valenciana, La Rioja, Madrid y Navarra son las únicas que cuentan con oficinas anticorrupción y competencia sancionadora. Baleares eliminó esta oficina la semana pasada bajo el nuevo gobierno autonómico de PP y Vox.

Esta legislación surge de una directiva europea de 2019 que otorgaba a los países miembros hasta diciembre de 2021 para proteger a los denunciantes de corrupción, conocidos como "whistleblowers". Aunque la ley entró en vigor en marzo de este año, dos años después del plazo establecido por la directiva, las multas para empresas con más de 250 empleados comenzaron en junio, sin que se haya designado una entidad sancionadora estatal, lo cual retrasa aún más su implementación.

Una ley "protectora" y garantista

Consultoras y empresas especializadas en cumplimiento normativo ofrecen sus servicios principalmente a pequeñas y medianas empresas que carecen de la estructura necesaria para establecer internamente un canal de denuncias y designar a una persona encargada de gestionar y responder a las denuncias. Según Joan Saula, socio legal de Grant Thornton en España, el canal interno proporcionado por su firma ya ha sido utilizado para denunciar situaciones como acoso sexual o estafas en una empresa. Además, en el caso de una compañía de transporte, se presentó una denuncia que llevó al despido de un conductor por conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas.

El propósito principal de la nueva ley es proteger a quienes revelan casos de corrupción o actividades ilegales dentro de la empresa, creando un entorno seguro para que puedan alertar. Además de garantizar el anonimato, el software de denuncias internas, a través del cual se deben registrar, debe informar al denunciante sobre cómo se tratará la información y quién será el responsable. 

Los trabajadores de empresas sin un canal interno de denuncias, ya sea porque trabajan en empresas con menos de 50 empleados o porque sus empresas no cumplen con la ley, pueden presentar denuncias a través de un canal externo proporcionado por las autoridades, que ya está disponible en Catalunya. La ley también protege a los denunciantes si eligen alertar sobre un caso a través de los medios de comunicación.

Además, la ley actúa como un mecanismo de protección contra los despidos injustificados, ya que la empresa debe demostrar que el despido no fue una represalia por la denuncia. Estas medidas también se aplican al entorno y familiares del denunciante. Sin embargo, la ley no debe utilizarse para rumores o conflictos personales, sino para acciones que constituyan un acto ilícito, incluido el acoso laboral. Una vez presentada la denuncia, la ley prohíbe represalias, abarcando "las amenazas de represalia y las tentativas de represalia", según lo establecido en el artículo 36 de la ley, que comprende todos los actos u omisiones que impliquen un trato desfavorable hacia los denunciantes en comparación con sus compañeros de trabajo, simplemente por haber hecho una revelación pública.

La ley también contempla la posibilidad de proporcionar apoyo financiero y psicológico de manera excepcional a los informantes, si la autoridad independiente de protección del informante, en el caso catalán la Oficina Antifrau, lo considera apropiado. Estas autoridades brindarán asistencia y asesoramiento a quienes denuncien casos de corrupción en las empresas, así como apoyo legal en procesos legales que tengan lugar en otros países. Además, la ley prevé compensar a los denunciantes que hayan participado en la corrupción que denuncian, permitiendo que sus castigos se vean atenuados por haber informado de la irregularidad cometida.