Vía libre para el derribo de doce naves industriales del polígono Sesrovires
El Ayuntamiento ha obtenido un crédito ICO de 4.635.335,75 € y desatasca así la ejecución de los escombros.
Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires - GOOGLE
La Sentencia firme número 177/2010, de 14 de mayo de 2010, del Juzgado Contencioso Administrativo núm. 12 de Barcelona ordenó el derribo de 12 naves industriales del Polígono Sesrovires. No obstante, para poder ejecutar el derribo de las naves había que cumplir previamente con la condición establecida en el artículo 108.3 de la Ley 29/1998 y garantizar los perjuicios que causarán los escombros a los terceros de buena fe. El Auto de 11/14/2017 del Juzgado Contencioso Administrativo núm. 12 de Barcelona fijó estas garantías en 4.635.335,75 €, que debía prestar el Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires.
Después de tres años y medio, el Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires ha cumplido el Auto del Juzgado Contencioso Administrativo núm. 12 de Barcelona de 11/14/2017 y garantizó, mediante un crédito ICO aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de 03/24/2021 por importe 4.635.335,75 €, los perjuicios a los terceros de buena fe que causarán los escombros de las 12 naves industriales.
En consecuencia, ya no hay ningún impedimento para que se pueda cumplir la Sentencia firme número 177/2010 del Juzgado Contencioso Administrativo núm. 12 de Barcelona y se proceda al derribo de las 12 naves industriales del Polígono Sesrovires.
Y más cuando el Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires recibió un nuevo revés judicial en su intento de legalizar las naves que se deben derribar al desestimar el Juzgado Contencioso Administrativo núm. 12 de Barcelona por medio de su Auto de 19.02.2020 el tercer incidente de inejecución de sentencia formulado por el Ayuntamiento.
Tal como explica el abogado de las 14 familias Farràs, el especialista en Derecho Administrativo Sergi Aymerich, ante el inminente derribo no se entiende el motivo de por qué el actual equipo de gobierno municipal no inicia las pertinentes actuaciones contra los responsables de este desbarajuste urbanístico y permite que los que terminen pagando sean, como siempre, los que no tienen ninguna culpa: los ciudadanos del municipio
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