El Ayuntamiento de Cornellà intenta prevenir las ocupaciones ilegales informando a la ciudadanía

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El Ayuntamiento de Cornellà ha puesto en marcha una serie de actuaciones para frenar las ocupaciones ilegales de inmuebles por parte de grupos organizados que, con el fin de extorsionar a familias en situación de vulnerabilidad, ocupan viviendas ilegalmente para posteriormente realquilar y obtener un beneficio económico especulando con la vivienda ocupada. Una de estas últimas acciones es la puesta en marcha de una campaña informativa dirigida a las comunidades de vecinos para fomentar la colaboración ciudadana en contra de este tipo de empleos.


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La campaña está formada por un tríptico informativo para dar a conocer los servicios municipales que trabajan en este ámbito: la Guardia Urbana, en el marco de la seguridad; los Servicios Sociales, dando apoyo social a familias; y los servicios jurídicos municipales, en el campo del asesoramiento legal. El folleto se ha entregado entre las comunidades de vecinos y vecinas con la intención de que sepan dónde dirigirse de manera totalmente protegida a la hora de denunciar cualquier situación irregular o sospechosa en su edificio.


De acuerdo con los datos de la Guardia Urbana de Cornellà, desde diciembre de 2019 se han efectuado 12 desalojos cautelares de viviendas ocupadas de manera ilegal y de propiedad particular. En el transcurso del 2020, también se han llevado a cabo ocho intervenciones y ocho oficios para poner en conocimiento de estos hechos en el juzgado, resolviendo dos de ellos en una mediación antes de presentarlos.


La actuación de la Guardia Urbana en contra de las ocupaciones ilegales

En fecha de 2020, la Guardia Urbana de Cornellà ha atendido más de sesenta quejas hacia la problemática del empleo, donde la Unidad de Convivencia (UCO) ha realizado más de veinte entrevistas tanto con presidentes de comunidades, como con vecinos afectados, administradores de fincas y propietarios de las casas ocupadas que están sufriendo esta problemática, realizando una mediación y asesoramiento legal. También se han hecho más de diez actuaciones de mediación con problemas como: fugas de agua, ruidos constantes con posterior notificación de denuncia hacia pisos ocupados.


El cuerpo de la policía local lleva a cabo un seguimiento cercano de los pisos que generan conflictividad y afectan a la pacífica convivencia de las comunidades de vecinos, dando apoyo y asesoramiento al vecindario, denunciando a los ocupas, requiriendo a las empresas propietarias de pisos que denuncien las ocupaciones conflictivas, tramitando toda la información a los juzgados para incorporarla a los expedientes y participando en diferentes mediaciones para resolver los casos. En total, la Guardia Urbana ha impuesto 93 denuncias municipales en estas viviendas conflictivas para generar molestias al resto de vecinos y vecinas.


Cabe destacar la coordinación entre los cuerpos de seguridad de la ciudad (Guardia Urbana, Mossos y Cuerpo Nacional de Policía), que operan en contra de estas ocupaciones unificando esfuerzos dentro de sus correspondientes ámbitos competenciales, así como la fluida interacción con los juzgados de la ciudad. Fruto de este trabajo, se han realizado una serie de desalojos cautelares, cuando los inmuebles son de particulares o se destinan a uso social.


Por parte del Ayuntamiento de Cornellà, también se trabaja en el desalojo de locales ocupados que generan inseguridad, tanto por motivos de habitabilidad como de insalubridad. En el transcurso de este año se han identificado 10 locales de estas características que dan uso de vivienda.


En el ámbito político, el consistorio de Cornellà ha aprobado una moción pidiendo tener más mecanismos y herramientas para actuar ante el incremento evidente de casos de empleos y contra los problemas de convivencia que éstas generan a su alrededor, principalmente en las comunidades de vecinos. Esta propuesta del PSC de Cornellà se presentó en el pleno de septiembre y fue aprobada con los votos a favor del PSC, de Ciudadanos y de En Común-Movemos Cornellà; y con los votos en contra de ERC y de Podemos.


La moción también pide dotar de más competencias a los gobiernos municipales y delegar tareas y recursos para afrontar las ocupaciones con mayor celeridad y diligencia. Asimismo, se insta al Gobierno del Estado a modificar el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con una propuesta de regulación expresa de medidas cautelares, de acuerdo con la propuesta presentada en 2017 por el Col·legi de la Abogacía de Barcelona (ICAB) y a la que el Ayuntamiento de Cornellà ya se sumó, aprobando una moción para reclamar al Gobierno un cambio en la ley que permitiera luchar de forma más efectiva contra las mafias que ocupan ilegalmente las viviendas. 

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