El ayuntamiento de Olesa, dividido ante la 'ley Aragonés' de contratación de servicios

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El proyecto de ley de contratos de servicios a las personas  aún no se ha aprobado en el Parlament pera ya está generando problemas. La llamada 'ley Aragonés' indica que los gobiernos no tienen porque escoger a empresas que se presenten en concursos públicos por el presupuesto que presentan sino también por otros factores como el personal necesario, la implicación para el municipio y otra serie de factores.


Uno de los primeros municipios en discutir de este proyecto ha sido el de Olesa de Montserrat, donde la CUP, a instancias de la Plataforma en defensa de los servicios públicos de Olesa, ha presentado una moción que reclamaba, entre otros, que el ayuntamiento se comprometiera a elaborar un plan de internalización progresiva de aquellos servicios que actualmente se ofrecen a través de empresas externas.


Pleno olesa septiembre 2019



En la exposición de motivos, el texto de la moción apunta que la progresiva privatización de servicios esenciales como la Sanidad o la Educación "está afectando seriamente" su calidad, y apunta que la llamada "Ley Aragonés" "no sólo permitirá que se consoliden privatizaciones ya existentes, sino que además permitirá nuevas ".


A los acuerdos de la moción, se instaba a que el ayuntamiento rechazara el proyecto de Ley de contratos de servicios a las personas, a defender los servicios 100% públicos como "única vía para garantizar derechos de carácter universal" y a instar al Parlament de Catalunya a impulsar una iniciativa legislativa "que blinde la titularidad, gestión y provisión con carácter público de todos los servicios necesarios para el desarrollo de una vida digna". Asimismo, los acuerdos de la moción también pedían que el Ayuntamiento de Olesa se comprometiera a realizar una auditoría ciudadana sobre los servicios actualmente externalizados y a elaborar "un plan de internalización progresiva" de bienes y servicios, así como implementar, mientras no sea internalizado, "un servicio de control y seguimiento de la calidad de los servicios gestionados de forma indirecta".


La CUP no consiguió ningún apoyo para sacar adelante la moción. Por un lado, y mientras que algunos grupos dijeron que habría podido votar a favor de rechazar la llamada "Ley Aragonés", también apuntaron que la segunda parte de la moción, referente al compromiso de internalizado el 100% de los servicios municipales , es inviable.


El concejal de Junts per Catalunya, Domingo Paloma, recordó, por ejemplo, que los ayuntamientos no tienen recursos suficientes para ofrecer de manera directa el 100% de los servicios públicos, y que por esta razón deben acudir a empresas externas para ofrecerles algunos de tan importantes como el servicio de limpieza viaria y recogida de basuras.


El concejal de la CUP, Marc Guevara, sin embargo, defendió que ya hay municipios que ofrecen directamente servicios tan importantes, y por lo tanto, volvió a defender que es viable hacer una progresiva de internalización "que da calidad a los servicios y mejora las condiciones de las plantillas de estos servicios".


Las palabras del regidor de las CUP no convencer al resto de grupos, pero. El concejal de Ciudadanos Carlos Navia dijo que, a pesar de que su grupo había presentado enmiendas al proyecto de ley, éste incluido elementos para garantizar la calidad de los servicios, tales como que el precio no sea el criterio más importante para adjudicar un contrato.


Desde ERC, Jordi Pariente y Marola Cantarell hicieron una intensa defensa de la ley. Aseguraron, entre otros, que "es mentira" que la ley externalice ningún servicio o abra la puerta a nuevas externalizaciones, sino que "da herramientas a la administración para que primen siempre los criterios de calidad en los servicios que se gestionan por contratación y aleja el porcentaje del precio como criterio de valoración y prohíbe la subasta". También aseguraron que es mentira se privaticen servicios públicos, o que se pierda el control de los mismos, y que se beneficien las grandes empresas, ya que "la ley quiere fijar que, como máximo, el precio tenga un peso del 40% en la hora de valorar una contratación". Cantarell y Parent también defendieron la necesidad de esta ley "para superar la regulación estatal existente" y aseguraron que en ningún caso se ha trabajado a escondidas en el Parlament en su tramitación. Asimismo, recordaron que "la CUP ha decidido no ser los trámites parlamentarios, ni los debates en ponencia ni presentando enmiendas al texto".


Por su parte, el concejal del PSC Fernando Vicente dijo que, pese a no estar a favor de la "Ley Aragonés", su grupo no podía votar a favor y la moción porque no están de acuerdo con los puntos referentes a la obligatoriedad del ayuntamiento de internalizar el 100% de los servicios públicos. Por esta razón dijo que, del texto presentado por la CUP, se podrían haber hecho dos mociones diferenciadas.


En este punto coincidió el portavoz del Bloc Olesà, Jordi Martínez, que reiteró que es económicamente inviable que el Ayuntamiento asuma el 100% de los servicios públicos, teniendo en cuenta que actualmente los que están externalizados son algunos de los más importantes que hay ha, como las limpieza viaria y recogida de basuras, limpieza de edificios municipales, el Servicio de Atención Domiciliaria, la zona azul o las guarderías municipales. Por esta razón volvió a apostar por dejar la moción sobre la mesa para poder convertirla en dos mociones diferentes y trabajar entre todos los grupos. Jordi Martínez también recordó a la CUP que en su momento el Bloque Olesen le había ofrecido entrar a formar parte el gobierno municipal, "desde donde podrían haber salido adelante iniciativas como ésta".


Tras un intenso debate, finalmente la moción no se aprobó ya que sólo contó con los votos favorables de la CUP. Ciudadanos se abstuvo, y el resto de grupos (Bloc Olesà, PSC, ERC y Junts por Catalunya) votaron en contra.

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