Castelldefels se enfrenta al gobierno central por el nuevo Plan de Vivienda

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El ayuntamiento de Castelldefels se ha sorprendido ante el nuevo Plan de Vivienda promovido por el Gobierno de Mariono Rajoy. Y no para bien.


Por eso, en el último pleno, el ayuntamiento aprobó una moción en la que se insta al gobierno central a regular los precios del alquiler de viviendas para impedir los incrementos abusivos e indiscriminados ya derogar las modificaciones de la LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos), en concreto, mejorando sus garantías judiciales ante el llamado desahucio exprés. Asimismo, el acuerdo municipal planteaba la ampliación del mínimo legal para prorrogar el contrato de alquiler (de 3 a 5 años) y el restablecimiento de la obligación de referirse al IPC para justificar la variación anual del precio.


El Plan de Vivienda aprobado por el gobierno del Estado no recoge estos planteamientos, aseguran. La alcaldesa, María Miranda (PSC) ha señalado que el plan "no garantiza el derecho de la ciudadanía a una vivienda digna". Miranda indicó que "el acceso a los recursos básicos debe estar garantizado. Exigimos una vez más al Gobierno del Estado que regule los precios del alquiler de viviendas para impedir los incrementos abusivos e indiscriminados ".


Por su parte, la concejala de Vivienda, Ana Quesada (Movemos), sostiene que "hasta que no haya una política de Estado que frene la especulación, no podremos garantizar el derecho a la vivienda a la ciudadanía. Es necesario que los ayuntamientos tengamos competencias y medios para una gestión social de la vivienda ".


El consistorio también había instado al Ministerio de Economía a obligar a la SAREB a poner a disposición de las administraciones públicas su parque de viviendas, empezando por los ayuntamientos, para dar prioridad a la función social que tiene la vivienda. De este modo, el ayuntamiento de Castelldefels podría acceder a las viviendas vacías que la SAREB tiene en la ciudad, concretamente el edificio situado en la calle Santiago Rusiñol, que pueda utilizarse como edificio de viviendas de titularidad municipal.


La moción aprobada en el pleno de febrero también apoya a la ciudadanía de Castelldefels en la defensa del derecho a la vivienda, en concreto a las familias afectadas en las calles Industria y Doctor Trueta y la avenida Constitución, ante la situación crítica en la que se encuentran y en su lucha por una solución global para un precio justo por sus viviendas, después de que las viviendas hayan sido adquiridos por un fondo de inversión que les ha comunicado que tienen que abandonar sus hogares. En este sentido, el ayuntamiento exige al gobierno del Estado una regulación que permita poner freno a este tipo de actuaciones por parte de las grandes empresas inmobiliarias y especuladores.


El Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 propuesto queda lejos del objetivo de garantizar el derecho a la vivienda de la ciudadanía. No responde a las demandas que había planteado el Ayuntamiento en materia de vivienda, entre las que se encuentra la solicitud de competencias y recursos para dar respuesta a las necesidades ciudadanas.

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