El reciente pronunciamiento judicial en contra de la externalización de funciones inspectoras por parte de numerosos ayuntamientos ha encendido las alarmas sobre una práctica que, durante años, se había normalizado en la administración local: la delegación de inspecciones fiscales en empresas privadas.
El portavoz del partido naranja denuncia la política de urbanismo del ayuntamiento de la segunda ciudad de Catalunya que se ha convertido en la ciudad con mayor densidad de la Unión Europea, según el Eurostat.
La CGT denuncia el reparto de 1.000 millones de euros en dividendos mientras se produce una precarización laboral, contrataciones externalizadas y temporales de empleados y hay huelgas convocadas en el aeropuerto de El Prat.