El reciente pronunciamiento judicial en contra de la externalización de funciones inspectoras por parte de numerosos ayuntamientos ha encendido las alarmas sobre una práctica que, durante años, se había normalizado en la administración local: la delegación de inspecciones fiscales en empresas privadas.

La situación creada por los tribunales en relación con el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía municipal, ha dado lugar a una indefinición legal sobre este tributo que ayuntamientos y expertos exigen al legislador estatal resolver de inmediato.