El Casino de Albarrosa de Viladecans derribado entre sombras patrimoniales y legales

El derribo del Casino de Albarrosa, un bien patrimonial municipal catalogado con  niveles 5 y 6 de protección, se ha convertido en un foco de preocupación y polémica en Viladecans. La propiedad pertenecía a la SAREB, que la adquirió hace más de 15 años tras el abandono por parte de un promotor inmobiliario. 

En 2025, SAREB vendió la propiedad a una sociedad participada por la constructora Rudrosa, que afirma que proyecta transformar el solar en una residencia para personas mayores con centro de día. Esta compraventa y el poserior derribo han generado alarma entre vecinos y asociaciones vecinales, que han materializado la petición de medidas de protección patrimonial ante la Fiscalía primero de Barcelona y posteriormente en Vilanova i la Geltrú el pasado mes de julio.

¿Una protección patrimonial presuntamente vulnerada?

El Casino de Albarrosa, según consta en el Pla Especial Urbanístic de Protecció i Catàleg del Patrimoni Cultural i Ambiental de Viladecans- actualmente en plena tramitación oficial por parte del Ayuntamiento- estaba catalogado con niveles de protección 5 y 6. Esto implica que cualquier intervención  para no incurrir en delitos penales (artículos 320, 321 y 323 del Código Penal) debía haberse acompañado de una exhaustiva documentación de los posibles hallazgos arqueológicos —mediante registros textuales, fotográficos, audiovisuales y planimétricos— y de una intervención arqueológica previa en el subsuelo para garantizar la conservación de restos patrimoniales.

Artículo 321. Código Penal: "Los que derriben o alteren gravemente edificios singularmente protegidos por su interés histórico, artístico, cultural o monumental serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años, multa de doce a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a cinco años. En cualquier caso, los Jueces o Tribunales, motivadamente, podrán ordenar, a cargo del autor del hecho, la reconstrucción o restauración de la obra, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe". Para ello "el bien debe estar declarado de interés cultural o tener una protección reconocida, aunque no necesariamente aprobada por norma definitiva".

Desde el Departamento de Patrimonio del Ayuntamiento de Viladecans han asegurado a Vilapress que el informe arqueológico “seguro que existe”, pero lo cierto es que VilaPress lo ha solicitado en reiteradas ocasiones sin obtener copia del documento del registro del consistorio ni confirmación oficial. La falta de transparencia alimenta las dudas sobre si estos requisitos se han cumplido en el derribo, abriendo la puerta a la sospecha de una presunta vulneración de la normativa patrimonial vigente.

En el caso de que la Fiscalía llegara a dictaminar que no se ha seguido el correcto procedimiento y, por tanto, se ha vulnerado, supuestamente un bien patrimonial se entraría  en un terreno legal muy delicado. Especialmente para aquellas personas que firman el documento que autoriza al derribo y quienes emitieron informes favorables, en el caso de Viladecans, entre ellos se encontraria el Tinent d'alcaldessa de l'Àrea de Planificació Territorial, Ricard Calle. 

Aunque la protección no esté oficialmente en vigor, la administración debería actuar con precaución, especialmente si existen informes técnicos, catálogos provisionales o documentación que reconozca el valor histórico del edificio. Autorizar un derribo en estas condiciones puede derivar en responsabilidad penal, administrativa y patrimonial. 

• Penalmente, podrían aplicarse los artículos 320, 321 y 323 del Código Penal por derribo o daño a bienes históricos, con penas que incluyen prisión, multas e inhabilitación de cargos públicos.

• Administrativamente, el acto podría declararse nulo, obligar a la reconstrucción del bien o conllevar sanciones por vulnerar la legislación autonómica de patrimonio. Solo en casos de ruina inminente o riesgo para la seguridad pública se permitiría la intervención, pero siempre con informes técnicos independientes, comunicación a la consejería de cultura de la Generalitat y aplicando únicamente las medidas estrictamente necesarias. 

Además, si se demuestra que el derribo se realizó para evitar la futura protección, podría considerarse prevaricación urbanística, con responsabilidad directa de los responsables municipales que lo han autorizado directamente o tenían la obligación de velar por su conservación, que en este caso recaería sobre el Departamento de Patrimonio Cultural, cuya Teniente de Alcalde es Encarni García, portavoz de los Comunes. En todos los casos, la ciudadanía tiene derecho a recurrir judicialmente, solicitar medidas cautelares y denunciar ante la fiscalía o los órganos de patrimonio correspondientes.  Un derecho que han ejercicido los vecinos del Barrio de Albarrosa.

Asímismo, tal y como ha asegurado en declaraciones a VilaPress, uno de los arquitectos especialista en patrimonio de la empresa OAS,  “para intervenir en un bien patrimonial catalogado con niveles 5 y 6 hace falta un proyecto específico que detalle todas las normas a seguir y las medidas necesarias para conservar los bienes. En estos casos, cualquier derribo debe ser informado previamente y, antes de iniciar cualquier construcción, se debe realizar una excavación arqueológica para determinar si existen restos de valor en el suelo”. Su testimonio refuerza la idea de que las intervenciones en edificios con alta protección no son meros trámites administrativos, sino procedimientos complejos que buscan garantizar la preservación del patrimonio histórico y cultural. Algo que da la impresión que presuntamente no se hubiera realizado en el Caso de Albarrosa y que es dificil de determinar porque el consistorio no ha atendido, todavía, las peticiones de información documental de Vilapress. 

Por otro lado, VilaPress se ha puesto en contacto con ERC, Vox, Comunes, Ayuntamiento de Viladecans y ninguno ha mostrado interés en responder a las preguntas sobre esta cuestión. Mientras que los concejales del PP, que se han posicionado junto a los vecinos del barrio en la defensa del Patrimonio local han mostrado su indignación y su disposición a plantar batalla por este supuesto daño patrimonial en Viladecans.

Albarrosa, 19 años en el centro de la polémica

Desde el cierre del Casino en 2006 hasta su derribo en 2025, el histórico inmueble ha atravesado casi dos décadas de abandono, conflictos vecinales, okupaciones, denuncias y promesas incumplidas. Una historia marcada por la degradación patrimonial y la confrontación entre la ciudadanía, las administraciones y los intereses urbanísticos que rodean al edificio.

2006 – Venta y cierre del Casino

Ese año, la cooperativa de vecinos del barrio decidió vender el histórico Casino de Albarrosa, que hasta entonces había funcionado como centro social privado y restaurante. El comprador fue un propietario privado, y desde ese momento el edificio quedó cerrado. La operación marcó el inicio del abandono: el inmueble, que había sido durante décadas un referente comunitario, dejó de tener actividad y empezó un largo proceso de deterioro. Que continuó a pesar de su adquisición por parte de la SAREB posteriormente.

2013 – Primeras alertas municipales

Con el paso de los años, la inactividad fue pasando factura. En 2013, el Ayuntamiento de Viladecans tramitó el primer expediente administrativo por el mal estado del muro perimetral del Casino. A este informe siguieron otros dictámenes negativos y denuncias ciudadanas que alertaban del creciente riesgo de ruina. Pese a ello, la propiedad privada no adoptó medidas estructurales de conservación, lo que permitió que la degradación se acelerara.

2019 – Inicio de la okupación

El estado de abandono facilitó la entrada de okupas. En 2019 comenzó la okupación del edificio, que rápidamente generó problemas de convivencia. Los vecinos denunciaron ruidos en horario nocturno y diurno, fiestas nocturnas, consumo de drogas y suciedad en el entorno. A la falta de seguridad se sumó la sensación de impunidad, ya que el inmueble era un foco de conflictos en el barrio de Albarrosa, uno de los que menos inversión municipal acumula desde su creación.

Julio 2023 – Reunión vecinal y protocolos municipales

Los vecinos del barrio y la Asociación de Vecinos de Albarrosa, convocaron conjuntamente una asamblea multitudinaria para exponer los problemas derivados de la okupación del emblemático Casino. Participaron responsables del Ayuntamiento de Viladecans, la gerente municipal Alicia del Valle, el Superintendente de los Mossos y el Jefe de la Policía Local. En la reunión, los residentes denunciaron altercados violentos, ruidos continuos y falta de respeto a la convivencia, exigiendo soluciones concretas.

Agosto 2024 – Manifestación vecinal

El 4 de agosto de 2024, alrededor de 90 personas se concentraron frente al Casino para reclamar la finalización de la ocupación incívica. Desde la oposición, los concejales del PP de Viladecans se sumaron a la protesta y propusieron que el Ayuntamiento comprara la propiedad para resolver la situación. Los vecinos denunciaron ruidos, peleas y actos de intimidación por parte de los okupas, sin constancia de multas aplicadas pese a la normativa de ruido vigente por parte del Ayuntamiento.

Junio 2025 – Tapiado del edificio y vigilancia privada

Durante la última semana de junio, el Casino fue tapiado por obreros en presencia del CEO de la inmobiliaria Merkapiso, intermediaria de la operación urbanística. La empresa declinó hacer declaraciones, pese a haber contratado 24 horas de vigilancia privada en el edificio.

27 de junio de 2025 – Autorización municipal del derribo

Vilapress confirmó que la licencia de derribo fue aprobada por el teniente de alcalde Richard Calle  el viernes 27 de junio, acelerando los trabajos. Inicialmente, el consistorio había negado que se hubiera tramitado la solicitud, generando desinformación entre los vecinos.

30 de junio de 2025 – Inicio del derribo

Los operarios comenzaron los trabajos de demolición aprovechando el inicio del verano y las vacaciones de muchos residentes. Durante el fin de semana previo retiraron todo el mobiliario, dejando el edificio completamente vacío. El futuro proyecto contempla, según las informaciones facilitadas, tres plantas, con espacio para una residencia de mayores, un centro de día y posibles equipamientos municipales, aunque los detalles aún no se han aclarado ni a los vecinos ni a la oposición local.

17 de julio de 2025 – Denuncia a Fiscalía

La Asociación de Vecinos de Albarrosa, presentó una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Barcelona solicitando la paralización de las obras de demolición, al considerar que se estaba vulnerando la protección patrimonial del inmueble. 

17 de julio de 2025 – Reunión con la alcaldesa

La alcaldesa Morales recibió a los representantes de la sociedad propietaria del solar, quienes le presentaron su proyecto: la construcción de una residencia de mayores con centro de día, con capacidad para unas 80 personas y plazas concertadas con la Generalitat. Morales celebró la iniciativa como “una solución al futuro del espacio, con un uso público-privado de interés social”.

13 de agosto de 2025 – Respuesta de Fiscalía

Un mes después, la Fiscalía Provincial de Barcelona respondió a la denuncia vecinal. En su escrito comunicó que el expediente gubernativo se había remitido a la Fiscalía de Área de Vilanova i la Geltrú – Gavà, al ser la competente territorialmente. La decisión prolongaba el proceso, pero mantenía abierta la vía judicial para investigar si se habían vulnerado las normas de protección patrimonial local.

28 de agosto de 2025 – Ampliación de información

La Asociación de Vecinos de Albarrosa presentó más documentación a la Fiscalía de Área, aportando pruebas y testimonios que reforzaban su denuncia. El colectivo insistió en que el derribo del Casino forma parte de un patrón de desprotección patrimonial en Catalunya.

Viladecans no es un caso aislado

En los últimos años, Catalunya ha sufrido diferentes episodios de expolio, negligencia administrativa y proyectos urbanísticos que han puesto en riesgo bienes culturales de gran valor histórico. Casos en Tarragona y Barcelona muestran que la vulnerabilidad del patrimonio es un problema estructural que afecta a todo el territorio catalán.

Torre de Minerva (Tarragona, 2021)

Durante unas obras para colocar un andamio en la muralla romana de Tarragona, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, operarios perforaron con tornillos el friso de Minerva, considerado el primer relieve escultórico romano fuera de Italia. La Fiscalía calificó el hecho como una “gravísima afectación” y lamentó no haber podido intervenir antes de que el daño fuera irreversible, generando críticas institucionales sobre la protección del patrimonio.

La Masía Can Planes (FC Barcelona, 2024)

En el ámbito urbano, la Fiscalía Provincial de Barcelona abrió diligencias sobre la histórica Masía Can Planes, construida en 1702 y protegida como Bien Cultural de Interés Local (BCIL), ante el riesgo de alteración o demolición por el proyecto de remodelación del entorno del Camp Nou, dentro del plan Espai Barça. Vecinos y asociaciones reclamaron la paralización del proyecto y la preservación del edificio, denunciando que partes del patrimonio podrían haber sido destruidas ilegalmente en el pasado.

Otros ejemplos en Tarragona

La Memoria de la Fiscalía de 2022 recoge también daños a bienes como el castillo de Els Montgons y la Abadía del Codony, que sufrieron expolios y destrucción debido a la desatención administrativa y la falta de medidas de protección. En varios casos, los trabajos se realizaron sin permisos, dejando restos culturales irremediablemente dañados.

Estos antecedentes muestran la vulnerabilidad de los bienes patrimoniales en Catalunya ante obras no controladas, falta de vigilancia y políticas locales insuficientes para garantizar su conservación. El caso del Casino de Albarrosa de Viladecans,  gestionado por SAREB durante muchos años y posteriormente vendido a la empresa Rudrosa, se enmarca dentro de esta preocupante tendencia, generando un debate urgente sobre la eficacia de la normativa de protección patrimonial y la responsabilidad de las autoridades locales, que en este caso pueden enfrentarse a penas largas de inhabilitación para el ejercicio de cargo público.