SCC lleva a la CCMA a los tribunales: ¿hay prevaricación o malversación, en la 'Corpo'?

El Juzgado de Instrucción número 1 de Sant Feliu ha abierto una investigación para esclarecer posibles delitos relacionados con la gestión de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), organismo que gestiona TV3, Catalunya Ràdio y la Fundació La Marató. La causa se inicia tras una denuncia presentada por Societat Civil Catalana (SCC), basándose en el Informe 2/2025 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

El juzgado ha considerado que los hechos descritos podrían constituir delitos como prevaricación, malversación de fondos públicos u otros vinculados al uso indebido de recursos públicos, tal y como se contempla en el artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Qué se denuncia

La denuncia de SCC, presentada el pasado 29 de abril por el despacho Chapapría-Navarro & Asociados, apunta directamente al Consejo de Gobierno de la CCMA y a varios cargos directivos y técnicos, a quienes acusa de posibles prácticas irregulares como sueldos por encima del límite legal establecido, contrataciones sin publicidad ni transparencia, pagos sin respaldo contractual ni legal, ausencia de auditorías obligatorias y la aplicación inadecuada de jornadas laborales reducidas.

Según SCC, estos hechos no serían aislados ni puntuales, sino parte de un patrón sistemático de gestión irregular, especialmente durante los ejercicios 2021 y 2022, aunque no se descarta que se hayan repetido en otros años.

Qué ha solicitado el juzgado

En su auto de apertura de diligencias, la jueza ha solicitado a la Sindicatura de Comptes que entregue el informe completo, con todos sus anexos, documentos de trabajo y cualquier información adicional utilizada en la fiscalización de la CCMA.

Además, exige a la propia CCMA y a sus entidades vinculadas una amplia documentación, entre la que se incluye contratos, nóminas y resoluciones salariales del personal directivo, expedientes de selección y nombramiento de cargos (incluyendo actas, currículos y criterios de mérito), información sobre sueldos que superen el límite legal, expedientes de contratación de seguros mediante procedimientos sin publicidad y documentos relacionados con incentivos y trienios.

¿Y ahora qué?

El objetivo de estas diligencias es verificar si se han cometido irregularidades con consecuencias penales y si estas prácticas han sido extendidas y mantenidas en el tiempo. La investigación está en marcha y se espera que en las próximas semanas se analice la documentación para determinar posibles responsabilidades.