El Tribunal Supremo decidirá el futuro de 12 naves industriales de Sant Esteve Sesrovires

Entre los años 90 y principios del 2.000, el Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires concedió unas licencias de obras en terrenos en propiedad de la familia Farràs. En ellos se construyeron 12 naves industriales pertenecientes al Polígono Sesrovires. Tras las denuncias de la familia Farràs, se abrió un largo recorrido judicial que declaró "ilegales" las naves, pero los continuos recursos del Ayuntamiento han llevado el caso al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que decidirá el futuro de las naves.

El ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires, bajo la alcaldía de Joan Galceran y posteriormente de Enric Carbonell, adjudicó unas licencias de obras en territorios ajenos que pertenecían a la familia Farràs. Estos terrenos hoy en día siguen pendientes de adjudicación en el proceso de reparcelación del polígono.

En 2010, el Juzgado Contencioso Administrativo número 12 de Barcelona, declaró "ilegales estas licencias" de obras concedidas por el Ayuntamiento y ordenó su derribo según la sentencia número 177/2010 del 14 de mayo de 2010.

Entonces, el Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires ha presentado 5 incidentes de inejecución, en gran parte desestimados.

En en año 2019, el Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires presentó el último incidente que fue desestimado  por el mismo juzgado. Ante esta negativa, el consistorio recurrió al TSJC con un recurso de apelación. El Tribunal Supremo estimó sustituir el derribo de las 12 naves por una indemnización económica a favor de la familia Farràs, para "satisfacer los daños y prejuicios causados por no demoler las naves".

Ante esta situación, la familia ha formulado un recurso de casación que ha estadoi admitido por el TSJC en el Auto de 24/11/2022.

Este recurso implica que el Tribunal Supremo sea el que finalmente decida el futuro de las naves y las posibles indemnizaciones económicas del Ayuntamiento a la familia Farràs.

 Sergi Aymerich, es el abogado de la familia: “El que pretenden las 14 familias Farràs es que se cumplan las Sentencias judiciales y se derroquen las 12 naves ilegalmente edificadas por quienes no era el propietario sobre terrenos propiedad de la familia Farràs. Si el interés fuese económico, no habríamos presentado el recurso de casación y ya se habría reclamado la indemnización económica en el Ayuntamiento. Esperamos que no se tenga que reclamar esta indemnización millonaria porque quién lo tendrá que pagar es el Ayuntamiento. No acabamos de entender la forma que tiene el actual equipo de gobierno liderado por Joan Galceran y Enric Carbonell de velar por el interés del municipio y sus ciudadanos, prefiriendo pagar una indemnización económica antes de que cumplir una Sentencia judicial firme". 

"El callejón sin salida en que se encuentra el equipo de gobierno solo se puede reconducir con diálogo, que es el que reclamamos desde hace tantos años, sin éxito”