El Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca, en el Baix Llobregat y gobernado por ERC se ha visto obligado a rectificar recientemente las bases de una convocatoria pública de empleo en la que se exigía un nivel intermedio de catalán (B1) para acceder a una plaza de operario de limpieza. La medida fue corregida tras una denuncia judicial que advertía de un exceso en la exigencia lingüística, especialmente teniendo en cuenta las funciones del puesto ofertado.

La modificación no es un caso aislado. Se suma a una serie de rectificaciones impulsadas por distintos ayuntamientos catalanes —gobernados también por fuerzas independentistas como ERC o Junts— después de ser impugnadas por Convivencia Cívica Catalana, una entidad que denuncia lo que considera un uso desproporcionado de los requisitos de lengua catalana en procesos de selección de personal en la administración pública.

Sant Andreu de la Barca: del B1 al A1

En el caso de Sant Andreu de la Barca, el consistorio gobernado por Esquerra Republicana había fijado inicialmente el nivel B1 de catalán para acceder a una plaza de operario. Tras la denuncia presentada por el presidente de la entidad constitucionalista, Ángel Escolano —quien también actuó como abogado en la causa—, se revisaron las bases y se rebajó la exigencia al nivel más elemental (A1), conforme al marco legal establecido.

Este caso ha reabierto un debate social y político en el Baix Llobregat, una comarca donde conviven realidades lingüísticas diversas, y donde la exigencia de certificados de catalán ha generado tanto malestar como apoyo según el prisma político desde el que se mire.

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Llavaneres, Roses y La Roca del Vallès, otros casos recientes

Junto a Sant Andreu de la Barca, otros tres ayuntamientos han vivido situaciones similares. En Sant Andreu de Llavaneres se exigía un B1 para una plaza de mantenimiento que finalmente se ajustó al A1. Lo mismo ocurrió en Roses, en Girona.

Más reciente es el caso de La Roca del Vallès, gobernado por Junts, que rectificó su convocatoria de personal de obras municipales eliminando el requisito de catalán intermedio, que inicialmente había sido fijado para los aspirantes a peón de brigada.

Todos estos casos comparten un patrón: la exigencia de un nivel de catalán superior al legalmente establecido para funciones de baja o media cualificación. Las impugnaciones judiciales han llevado a los ayuntamientos a revisar sus bases, lo que abre la puerta a un nuevo enfoque en la definición de requisitos lingüísticos para el empleo público local.

Además, continúan en trámite otras impugnaciones en municipios como Vic, Lleida o Mollet del Vallès.

¿Discriminación lingüística o normalización del catalán?

El presidente de Convivencia Cívica Catalana sostiene que este tipo de rectificaciones “demuestran que plantar cara funciona” y se compromete a seguir recurriendo “todas aquellas disposiciones que impongan el catalán de forma desproporcionada”, también en el marco del Pacte Nacional per la Llengua, recientemente suscrito.

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Desde el otro lado, sectores que defienden la normalización lingüística ven en estas acciones una amenaza a la preservación del catalán en la administración pública y reclaman que se mantengan los niveles exigidos para garantizar la atención ciudadana en ambas lenguas oficiales.

Mientras tanto, en localidades como Sant Andreu de la Barca, el caso ha servido como termómetro de una discusión de fondo: ¿qué nivel de lengua es necesario —y justo— para trabajar en un servicio público? La respuesta, de momento, parece seguir librándose más en los juzgados que en el consenso político.

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