Martorell se cansa de Rodalies: reclaman un traspaso integral, mejoras reales y compensaciones a usuarios

El Ayuntamiento de Martorell se ha vuelto a posicionar en contra del servicio de Rodalies de RENFE en Catalunya. En el último Pleno municipal, celebrado este lunes, los 21 concejales del consistorio aprobaron por unanimidad una moción en la que se reclama el traspaso integral del servicio a la Generalitat, así como mejoras estructurales, compensaciones para los usuarios y una auditoría urgente del estado de la red ferroviaria.

La iniciativa, presentada por ERC y respaldada por Junts per Martorell y el PSC, pone el foco en lo que el consistorio considera una desinversión histórica y estructural del Estado en la red ferroviaria catalana. Una situación que, según recoge el texto aprobado, ha desembocado en el “caos” vivido en las últimas semanas, con incidencias reiteradas, falta de fiabilidad y problemas de seguridad.

Una infraestructura “sin condiciones mínimas”

Durante el debate en el pleno, el concejal republicano Soulimane Messaoudi subrayó que la infraestructura gestionada por ADIF “no cumple unas condiciones mínimas para una movilidad segura”. El texto denuncia la falta de mantenimiento y planificación, así como la inexistencia de protocolos eficaces ante episodios meteorológicos adversos o riesgos geotécnicos, circunstancias que quedaron en evidencia tras el accidente registrado semanas atrás en Gelida.

El Ayuntamiento considera que el modelo actual de gestión está “alejado del territorio” y contrapone esta realidad con la experiencia de los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que califican como ejemplo de puntualidad, calidad y buen servicio público. Bajo esta comparación, la moción insiste en que la solución pasa por culminar el traspaso de Rodalies a la Generalitat, dotándolo de gobernanza, presupuesto y capacidad operativa suficientes.

Auditoría, calendario de inversiones y protocolos claros

Más allá del debate competencial, el texto aprobado expresa una profunda preocupación por la seguridad, la fiabilidad y la dignidad del servicio. Por ello, el consistorio insta al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y a ADIF a llevar a cabo una auditoría urgente, exhaustiva y pública sobre el estado real de las infraestructuras ferroviarias en Catalunya.

Asimismo, se reclama la elaboración de un calendario verificable de mantenimiento e inversiones, con compromisos claros y públicos que permitan recuperar la confianza de los usuarios. El Ayuntamiento también exige que Rodalies sea tratada como un servicio público esencial, estableciendo protocolos unificados de actuación ante incidencias meteorológicas, desprendimientos o riesgos técnicos, con criterios definidos de suspensión preventiva y sistemas de comunicación eficaces.

En esta línea, la moción pide reforzar los planes de información a los pasajeros y crear protocolos específicos para maquinistas y personal de atención presencial, con el objetivo de que las incidencias se comuniquen de forma fluida, comprensible y también en la lengua propia de Catalunya.

Compensaciones para los usuarios y refuerzo del transporte alternativo

Uno de los puntos centrales del acuerdo es la exigencia de mecanismos de compensación claros, automáticos y justos para los usuarios de Rodalies y Regionals. Entre las medidas planteadas se incluye la gratuidad del servicio mientras no se recupere una normalidad sostenida, la devolución o ampliación de abonos y la compensación de los costes derivados del transporte alternativo.

Además, se interpela a la Generalitat para que actúe con la máxima diligencia en la recuperación del servicio y refuerce de manera estructural el transporte público alternativo por carretera, especialmente en aquellas zonas donde la oferta ferroviaria es limitada o inexistente.

Una cuestión social, no solo técnica

Durante el debate, el concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Lluís Sagarra (Junts per Martorell), incidió en el impacto social de la crisis ferroviaria. A su juicio, el deterioro del sistema afecta especialmente a las rentas más bajas, que dependen del transporte público para acceder al trabajo o a los servicios básicos. “Una de las mejores políticas sociales que podemos hacer es arreglar el caos de Rodalies”, defendió.

Sagarra fue más allá al criticar la falta de compromiso de los distintos gobiernos estatales con la red catalana y sostuvo que, si el Estado no muestra interés en gestionarla adecuadamente, debería permitir que Catalunya asuma plenamente la competencia, tal como ocurre con FGC.

Por su parte, la portavoz de Movem Martorell, Laura Ruiz, compartió la preocupación por el “daño a la credibilidad del transporte público” y recordó que muchas personas no tienen el vehículo privado como alternativa. Ruiz defendió que, independientemente de quién gestione el servicio, este debe mantenerse bajo financiación pública y convertirse en una prioridad estratégica como sociedad.