La Asociación Poteta Blava denuncia al responsable de Salud Pública del Prat de Llobregat por negligencia en la eutanasia de un gato

La presidenta de la Asociación Poteta Blava ha interpuesto una denuncia ante las autoridades competentes por la presunta vulneración de la legislación de protección animal y negligencia administrativa en la gestión de la eutanasia de un gato. El animal se encontraba alojado en las instalaciones del Parc Nou, en el municipio del Prat de Llobregat, gestionadas por la empresa Closa IGM S.L., contratada por el Ayuntamiento del Prat para el manejo de colonias felinas.

La denuncia señala al responsable de Salud Pública del municipio por su posible omisión de deberes en el control de la gestión sanitaria de los animales. Además, se acusa a la empresa Closa IGM S.L. de realizar la eutanasia sin el respaldo documental requerido por la normativa vigente.

Irregularidades en la gestión sanitaria y la eutanasia del gato

La denuncia resalta que la eutanasia del gato no cumplió con los requisitos legales establecidos, como la justificación documental y el procedimiento adecuado. La falta de esta documentación pone en duda la legalidad de la acción, lo que podría constituir una infracción tanto en la vía penal como administrativa.

Posible omisión de deberes por parte del responsable de Salud Pública

La denuncia también apunta a la responsabilidad del técnico municipal encargado de Salud Pública en el Prat de Llobregat por no haber asegurado el cumplimiento de las normativas en la gestión de las colonias felinas. “La falta de supervisión en este caso refleja una posible omisión de deberes en el control y la correcta gestión de los animales,” sostiene la presidenta de Poteta Blava. La coalición considera que el responsable de Salud Pública ha fallado en su obligación de garantizar el bienestar de los animales bajo su supervisión.

Solicitud de medidas y remisión a la autoridad competente

La Asociación Poteta Blava solicita que se tomen las medidas correspondientes y que el caso sea remitido a la autoridad competente para investigar si los hechos constituyen infracciones según el Código Penal, específicamente en los artículos 337 o 404, relacionados con el maltrato y negligencia hacia los animales.