Celsa endurece su ofensiva judicial y presenta una querella criminal contra Francesc Rubiralta

La siderúrgica Celsa ha dado un giro decisivo en la batalla legal contra su expresidente Francesc Rubiralta al presentar una querella criminal por presunta apropiación indebida. La iniciativa, impulsada por los actuales propietarios —los fondos acreedores que se hicieron con el control de la compañía tras su reestructuración— coincide estratégicamente con la vista oral del juicio civil por la reclamación de 504,5 millones de euros, una cifra que, según los demandantes, corresponde a préstamos intragrupo perdonados de manera irregular a sociedades familiares de Rubiralta.

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Según la demanda presentada ante el Juzgado de lo Mercantil de Barcelona, el expresidente habría permitido que tres sociedades —Pico Espadas, Pico Anayet e Inversiones Pico Aneto— controladas por sus hermanos acumularan esa deuda sin exigir su devolución. Esta maniobra, sostienen los querellantes, privó a Celsa de unos recursos fundamentales en plena crisis financiera. Además, la empresa mantiene abiertos otros dos procedimientos contra Rubiralta: uno por el supuesto perdón de una deuda de 22 millones de euros a una sociedad de su madre y otro por el cobro de un bonus personal de 9 millones durante un ejercicio de grave tensión de liquidez.

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El equipo jurídico de Celsa, liderado por el despacho Gómez-Acebo & Pombo y respaldado por la presidencia de Rafael Villaseca, opta así por una estrategia dual que combina la vía civil y la penal. El objetivo es claro: sentar responsabilidades no solo económicas sino también penales por decisiones consideradas perjudiciales para la viabilidad y gobernanza de la compañía. La nueva dirección busca no solo recuperar los fondos presuntamente desviados, sino también marcar un punto de inflexión en el relato público de una de las mayores reestructuraciones empresariales recientes en España.

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