1-O: última parada y principio de trayecto

Aunque las citas trascendentes para los constitucionalistas en Catalunya volverán a ser este año el 12-O, Fiesta Nacional de España, y el 6-D, conmemoración del XXXIX aniversario de la Constitución Española, como demócratas no podemos ignorar la amenaza que supone el plan del gobierno de la Generalitat y el Parlament de Cataluña de celebrar un referéndum el 1 de octubre. 

Puigdemont, anunció el 9 de junio la pregunta –“¿Queréis que Cataluña sea un estado independiente en forma de república”?–, y el 4 de julio representantes de la CUP y de la coalición electoral Junts pel Sí (JxS) presentaron la llamada “ley del referéndum de autodeterminación” que fue registrada en el Parlament el 31 de julio. 

Su Art. 3.2 establece “un régimen jurídico excepcional” que "prevalece jerárquicamente sobre todas aquellas normas con las que pueda entrar en conflicto”, incluidas la Constitución, el propio Estatut de Cataluña, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y el resto del ordenamiento jurídico español.

Para posibilitar semejante despropósito jurídico, los 72 diputados de ambos grupos aprobaron el 27 de julio una reforma ad hoc del reglamento de la Cámara que el Tribunal Constitucional (TC) anuló al aceptar el recurso presentado por la Abogacía del Estado. Aunque la ‘ley’ –si llega a votarse y aprobarse en el Parlament– correrá igual suerte que la citada reforma del reglamento, no puede descartarse que el gobierno de la Generalitat y el Parlament de Cataluña se declaren en rebeldía, y desobedeciendo al TC realicen un simulacro de referéndum antes de proclamar la “república”. 

Estamos ante una burda estratagema que pretende aprovechar la ajustada y circunstancial mayoría de que disponen en el Parlament (72/135) para dar apariencia de legalidad a lo que sólo puede calificarse como golpe de estado.

En cuanto los diputados secesionistas aprueben la ‘ley’, desobedeciendo al TC, y el gobierno de la Generalitat dé pasos para implementarla –creando la ‘sindicatura electoral de Cataluña’, nombrando a los miembros de las mesas electorales, realizando campañas institucionales para promover la participación, adquiriendo urnas, cediendo espacios públicos para albergar las votaciones, etc.–, los cargos electos y empleados públicos que lo hagan incurrirán en delitos de los que tendrán que responder ante los Tribunales. 

El vicepresidente Junqueras y el consejero Romeva manifestaron su voluntad de responsabilizarse de la adquisición de las urnas, y la alcaldesa Colau su disposición a ceder espacios públicos para albergarlas. 

Pues bien, convendría advertirles a los tres que, si lo hacen, incurrirán en delitos incluso más graves que los que llevaron a Mas, Homs, Ortega y Rigau al banquillo por organizar el 9-N, y a los diputados Forcadell, Barrufet, Corominas, Nuet y Simó a ser investigados por llevar al pleno del Parlament las “conclusiones finales” de la ‘comisión de estudio del proceso constituyente’.

Respuestas democráticas

Quiero pensar que el referéndum del 1-O no llegará a realizarse. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría y el presidente Rajoy así lo han reiterado y confío en que cumplirán su palabra dada. Impedirlo constituiría un éxito que reforzaría el crédito del Gobierno de España pero sobre todo la confianza de los españoles y la comunidad internacional en la solidez de nuestras instituciones democráticas. 

Los nuevos Tejeros deberían correr la misma suerte que sus antecesores: ser juzgados y condenados con todas las garantías del Estado de derecho. Entendemos, por ello, que el Gobierno debería, además de recurrir al TC, vigilar muy de cerca todos los movimientos de consejeros, interventores, diputados, alcaldes y organizaciones secesionistas para impedir que el referéndum se lleve a cabo.

Aunque es al Estado a quien corresponde adoptar las medidas necesarias para abortar el golpe de estado y juzgar a sus avalistas y ejecutores, las asociaciones constitucionalistas tenemos que estar vigilantes y denunciar a aquellas instituciones y personas que usurpen funciones que corresponden al Gobierno, a la Junta Electoral Central y a las Juntas Electorales Provinciales. 

En cuanto recibamos nuestra tarjeta censal, indicando la sección y la mesa donde podemos ejercer el voto, debemos denunciar el hecho, pues ningún organismo administrativo, salvo el INE, puede disponer de nuestros datos personales, mucho menos la “sindicatura electoral de Catalunya” constituida al amparo de una “ley” suspendida por el TC. Convendría también personarnos allí donde se instalen urnas para constatar si nuestros datos personales figuran en el ilegal ‘censo’ y presentar la correspondiente denuncia.

Resulta asimismo esencial desenmascarar el carácter antidemocrático del referéndum. Hay bastantes ciudadanos en Cataluña (y hasta votantes de Podemos en España) a quienes se les ha convencido con atractivos eslóganes, como “derecho a decidir”, que estamos ante un legítimo ejercicio democrático avalado por el Derecho Internacional. 

Hay que explicarles que los argumentos de los partidos y asociaciones secesionistas son falaces y convencerlos de que no deben participar en un referéndum que incumple las tres reglas básicas de la democracia: respeto a la Ley; respeto a la división de poderes; y respeto a la división de competencias que configura la estructura territorial del Estado.

La “ley del referéndum de autodeterminación”, como la denominada “ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república” registrada hace unos días en el Parlament, viola los tres. Todo un record premonitorio de la inseguridad jurídica y el carácter totalitario de la monstruosa república de PuigCupqueras.