Los muertos en la calle sin derechos y la presidenta del Parlamento catalán con privilegios

Carmen P. Flores
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Directora de Pressdigital

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La plaza de la Catedral de Barcelona ha servido de triste escenario para la exposición de más de 60 calzados que representaban a las personas sin hogar que han muerto este año en Barcelona: 59 hombres y 10 mujeres. Cifras que deberían hacer reflexionar a las distintas administraciones, pero también a la sociedad. Detrás de estos números hay personas que por diversas circunstancias, incluidas la enfermedad mental, viven en las calles, la mayoría sin ser atendidas. En la actualidad, según la fundación Arrels, hay más de 1.000 personas viviendo en las calles que están sentenciadas, si alguien no lo remedia, a seguir el mismo camino de sus compañeros muertos. Los datos indican que su situación de exclusión total le han quitado una media de 27 años de vida. No hay que olvidar que la pobreza mata.


La presidenta del Parlament, Laura Borràs, en una declaración institucional con motivo del cuarto aniversario de la declaración unilateral de independencia.

Laura Borràs @ep


Mientras esto sucede en las calles de Barcelona- en el resto de Catalunya y España también- Junts, el partido al que pertenece la presidenta del parlamento catalán, Laura Borràs, presentaba esta semana una propuesta a la Mesa de la institución - con la “complicidad” de los letrados del mismo- para suprimir el artículo 25.4 que establece la suspensión de un diputado cuando se le habrá juicio oral por una actuación relacionada con la corrupción. Una situación en la que se encuentra Borrás como consecuencia de las presuntas irregularidades cometidas por ella cuando estaba al frente del Institut de les Lletres catalanes. La modificación beneficiaría a Borras, como se puede comprobar. Ni siquiera ERC y la CUP han aceptado la propuesta. Vamos, que su partido y ella misma se han quedado solos.


Laura Borrás siempre ha mantenido que es inocente y que se le acusa por ser independentista, cosa que es incierta porque las acusaciones son por malversación, no por sus ideas. La pregunta es: ¿Si de verdad es inocente por qué quiere modificar ese artículo? Sencillamente porque no quiere perder su cargo y todo lo que ello comporte, incluido el privilegio de hacer lo que le dé la gana sin que sus actos tengan consecuencias como cualquier hijo de vecino. Ya se sabe que algunos de los que ostentan el poder se llegan a creer intocables. Decía Antonio Maura que “siempre protesta el que pierde un privilegio o ventaja, aunque la goce indebidamente”.


Lo mismo ocurre con Josep Costa, el exvicepresidente primero del Parlament que fue detenido - y posteriormente puesto en libertad- por no haberse presentado a declarar el pasado 15 de septiembre. Dijo que no lo hacía porque no reconocía la autoridad del tribunal que lo había citado por desobediencia. También aduce que se le persigue por independentista. Otro privilegiado que tiene vocación de héroe. Cuando a cualquier ciudadano se le cita, y no acude, su situación es de búsqueda y captura. Ya se sabe lo que significa y que le harían lo mismo que a él: lo buscan, lo detienen y lo llevan hasta su señoría correspondiente. Las leyes son para todas las personas, no hay privilegios, y que un representante de la ciudadanía se crea que está por encima de ellas tiene un nombre. “Odio todo lo que sea privilegio y monopolio. Considero como tabú todo lo que no puede ser compartido por la multitud” decía Gandhi.


Mientras algunos representantes del “pueblo” buscan privilegios, más de 60 personas mueren en las calles, sin derechos, y más de 1.000 seguirán el mismo camino si no se pone remedio. ¿Dónde están los derechos de esas personas a una vida digna y a una muerte digna como ser humano? Sus derechos los esconden los privilegiados del poder que solo saben mirarse el ombligo y no se enteran de lo que sucede en las calles. ¿Se acordarán alguna vez para lo que fueron elegidos? 


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