El Tribunal de Cuentas investiga las subvenciones recurrentes de Ada Colau a sus asociaciones afines

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Hace un mes que la Fiscalía Provincial de Barcelona investiga si la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau adjudicó de forma presuntamente irregular ayudas recurrentes a sus ONG ideológicamente más afines. Ahora es el Tribunal de Cuentas quién investiga la concesión de subvenciones por parte del Gobierno local barcelonés a varias entidades afines a Colau.


La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en una imagen de archivo

Ada Colau en una intervención en directo / @EP


La creación de redes clientelares no es nada nuevo y forma parte de una manera de entender la política más vieja que el sol bajo el paraguas de un vocabulario que quiere hacerla parecer buena y necesaria. Aunque de lo que se alimenta este “modus operandi” político es de los recursos públicos para distribuirlos con fines partidistas a los “suyos”. Barcelona en Comú venía a regenerar la política pero habiendo aprendido la vieja política de la extinta ICV con el desconocimiento mayoritario de su “inocente electorado” que está empezando a despertar de este encantamiento con un gran enfado generalizado.


LO QUE EL DINERO PÚBLICO NO PUEDE ASUMIR POR LEY


El Tribunal de Cuentas ha admitido a trámite una denuncia interpuesta por Sociedad General de Aguas de Barcelona  contra la Alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; el Concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica del Ayuntamiento de Barcelona y presidente de BCASA, Eloi Badia; la Interventora adjunta del Ayuntamiento de Barcelona, Teresa Llor; y el Gerente de Ecología Urbana del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Campillo.


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Se les acusa de haber cometido irregularidades contables para impulsar la municipalización del agua en la ciudad de Barcelona, mediante entre otras herramientas, “la presunta subvención desproporcionada” a asociaciones vinculadas con miembros del Gobierno de Colau como la asociación Enginyers Sense Fronteres ( ESF).


CUATRO ACTUACIONES MUNICIPALES BAJO LA LUPA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS


En la denuncia se habla de 4 actuaciones principalmente que serán investigadas por el Tribunal de Cuentas y que han supuesto presuntamente “un menoscabo de caudales públicos municipales que superarían como mínimo los 875.000 euros”.


Se trata por una parte de los encargos realizados por el Ayuntamiento de Barcelona a Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A. “BCASA” – valorados en 360.368,46€ – para la elaboración de informes técnicos y/o jurídicos y planes de trabajo cuya finalidad es la transición hacia la gestión pública del agua de la ciudad de Barcelona.


Además de los encargos realizados a Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, S.A – valorados en 499.925,08 € por la realización de proyectos de asesoramiento y soporte técnico en “agua”, ejecutándose en tal sentido distintos estudios propios de quien ostenta la competencia, aun cuando, es el AMB quien tiene competencia plena sobre el servicio de abastecimiento de agua. Por lo que podrían haberse dado varios supuestos de duplicidad en los encargos de informes del AMB con los del Ayuntamiento, que a veces coinciden no sólo en su objeto sino en la entidad que recibe el encargo para realizar el informe. Lo cual implica, como mínimo, una duplicidad en el gasto público.


También investiga el Tribunal de Cuentas los recursos destinados a la Consulta Ciudadana sobre la gestión del servicio de abastecimiento de agua en el municipio de Barcelona – valorada en 15.000 € – , a pesar de no tener competencias como Ayuntamiento para tomar esta decisión que incluye ayudas económicas para la recogida de firmas o pagos a favor de empresas que se encargaron de la preparación y ejecución de la consulta.


Además de poner el foco en las políticas de subvenciones sobre varias asociaciones vinculadas con algunos miembros del consistorio y su particular política tendente a la remunicipalización del servicio del agua.


UN INTENTO DE MUNICIPALIZACIÓN A GOLPE DE SUBVENCIÓN PÚBLICA


En la denuncia se sostiene que el Ayuntamiento de Barcelona se habría apoyado para promover la municipalización del agua en “asociaciones aparentemente independientes, pero que son financiadas principalmente por el Ayuntamiento de Barcelona y que serían afines a varios miembros del equipo de gobierno barcelonés”


Los principales responsables de las actuaciones denunciadas, sin perjuicio de otros responsables directos o subsidiarios identificados, o los que puedan resultar de las diligencias que se practiquen, son, además de la Alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el Concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica del Ayuntamiento de Barcelona y presidente de BCASA, Eloi Badia, estrechamente vinculado con las asociaciones o plataformas Aigua és vida y Enginyers Sense Fronteres (ESF), en las que militaba desde antes de acceder al Ayuntamiento de Barcelona como concejal; la Interventora adjunta del Ayuntamiento de Barcelona, Teresa Llor; y el Gerente de Ecología Urbana del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Campillo.


En dichas actuaciones denunciadas se destaca la disposición de fondos municipales para financiar actividades ajenas a las competencias del Ayuntamiento de Barcelona; como informes de asesoramiento con un gasto total de 360.368,46 € para sentar las bases de la remunicipalización de un servicio cuya competencia no le pertenece . Como tampoco resulta admisible la aprobación de una consulta sobre la gestión del agua, cuando la competencia corresponde al AMB.


Esta vulneración (actuación fuera del ámbito competencial del Ayuntamiento) determina por sí sola que se produzca responsabilidad por alcance contable y de acuerdo con la doctrina del Tribunal de Cuentas, el alcance contable del art. 72 de su Ley de Funcionamiento se produce, no solamente cuando el gestor de fondos públicos no justifica el destino dado a los fondos cuya gestión tiene encomendada, sino también cuando el destino que se haya dado a los mismos es ajeno a las finalidades públicas propias de la entidad pública de que se trate, esto es, cuando es ajeno a las competencias de dicha entidad.


Y ello porque se considera que estos gastos con una finalidad completamente ajena a las finalidades públicas son equiparables a los pagos sin contraprestación, dado que el bien o servicio que se retribuye en este caso no redunda en provecho ni sirve a los fines de la entidad pública con cuyos fondos se paga.


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Los referidos responsables llegaron a ignorar, incluso, los distintos informes emitidos por los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Barcelona que reconocieron que la competencia sobre el servicio del Ciclo Integral del Agua correspondía al AMB, y no al Ayuntamiento de Barcelona; careciendo de cualquier finalidad o amparo normativo, pues, usar caudales públicos para apoyar o realizar actuaciones dirigidas a logar la gestión municipal directa de los servicios del agua, o para financiar un proceso de concienciación de la opinión pública a favor de la “municipalización” del servicio.


Entre las organizaciones que recibieron un montante de 6,4 millones de euros entre 2016 y 2018 destaca el Observatorio DESC donde trabajó directamente la alcaldesa Colau. Y es que según la denuncia los responsables políticos acusados “no desconocían los objetivos de las asociaciones y que es razonable deducir que precisamente estos objetivos motivaron buena parte del incremento de las subvenciones que el Ayuntamiento de Barcelona les ha destinado en los últimos años”.


LA FISCALÍA TAMBIÉN INVESTIGA ESTAS SUBVENCIONES RECURRENTES


Esta denuncia se suma a otras investigaciones abiertas a miembros del equipo de gobierno de Ada Colau. La Fiscalía Provincial de Barcelona está investigando las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Barcelona, entre otras a la asociación Enginyers Sense Fronteres (ESF), la plataforma vinculada al concejal Eloi Badia. Es una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Barcelona formulada por Abogados Catalanes por la Constitución, ante los indicios de la comisión, por parte de la Alcaldesa de Barcelona y concejales afines, de los delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.


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Según esta denuncia, el Observatorio DESC recibió en estos años subvenciones de más de 1,2 millones y Enginyers Sense Fronteres (ESF) percibió cerca de 646.000 euros . Fue ESF quien realizó informes a favor de la remunicipalización de la gestión del agua en la conurbación de Barcelona y junto al Ayuntamiento uno de los impulsores principales  de la consulta pública sobre la gestión del agua .



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El Ayuntamiento de Barcelona también ha visto aumentar su  colección de querellas criminales. Esta vez en la Concejalía de Emergencia Climática y Transición Ecológica, dirigida por Eloi Badia, mano derecha de Ada Colau.


La Associació de Veïns Vallcarca-Penitents ultima una querella contra  Badia y demás implicados en la transformación inmobiliaria en el único barrio de Barcelona que cuenta con un puente de obra civil según informa moncloa.com




Desde su llegada a la Alcaldía, Colau ha dedicado gran parte de la construcción de viviendas sociales a este barrio. Los vecinos sólo se quejaban mediante protestas, pero ninguna querella, hasta ahora. El último proyecto en el barrio amenaza un pequeño parque junto a la Ronda de Dalt. 


La Concejalía de Badia ha dado luz verde a la construcción de 34 viviendas sociales en la única zona verde queda en el vecindario. l Ayuntamiento ha desatendido las peticiones de los vecinos, y éstos acudirán próximamente a la Justicia para presentar una querella por prevaricación y delito medioambiental.




Además de Badia y según monlcoa.com habrá otros miembros del Ayuntamiento querellados, algunos de ellos del Distrito de Gràcia, del que también es concejal. 


Antes de presentar la querella, estos vecinos habían presentado un escrito de requerimiento urbanístico-medioambiental ante los querallados y la teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, tras la modificación del plan general urbanístico de la zona.


Colau da 27 subvenciones a asociaciones afines a BComú

Mientras, el gobierno de Ada Colau ha repartido al menos 27 subvenciones a asociaciones afines a su partido, Barcelona en Comú (BComú), en 2020. El conglomerado de entidades comparten sede con el Observatori DESC, situado en el número 43 de la calle Casp de la Ciudad Condal, donde trabajó Colau durante su pasado de activista profesional. 


Según figura en la primera ronda de subvenciones de 2020 entregada por el ayuntamiento, en las destinadas a proyectos concretos, las asociaciones y cooperativas afines a los comunes vuelven a salir beneficiadas. Se llevan ayudas para 27 intervenciones en la ciudad. 


Hasta 21 de estos proyectos pagados con dinero de las arcas municipales se pilotarán desde Grup Ecos, un conjunto de cooperativas situado en el número 43 de la calle Casp de Barcelona, donde también está Observatori DESC, entidad social que empleó a Colau cuando ésta era líder de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). 


La cuantía es muy pequeña, cerca de 100.000 euros, pero se anticipa a las rondas con más subvenciones municipales: las que premian proyectos de Economía Social y las ayudas a la acción comunitaria. Pero todavía no se han repartido por culpa de la pandemia.

Antes de que el Ayuntamiento de Barcelona asigne sus subvenciones más jugosas para 2020, los pagos a proyectos ya anticipan tendencias. Cinco cooperativas del número 43 de la calle Casp, se llevan 58.250 euros. Son Sostre Cívic, Crític --medio de comunicación afín a los comunes--, iActa Sociojurídica, Opcions y Celobert.


A esta cifra se le suman los proyectos de otras asociaciones afines que pagará el Ayuntamiento. Irídia se llevará 20.000 euros para el centro de denuncias contra la violencia institucional Saidavi. Enginyers sense Fronteres (ESF), donde trabajó de project manager Eloi Badia, actual concejal de Transición Ecológica y Emergencia Climática, ingresará 4.500 euros.


Las subvenciones a proyectos de estas asociaciones no serían noticia y quedarían camufladas en miles de otras ayudas municipales salvo por el hecho de que son entidades que salen periódicamente en defensa de la gestión de BComú. Van de la mano del Ayuntamiento: son el entorno de Ada Colau y su gente en la ciudad.


Este cúmulo de entidades afines que ahora el partido riega con subvenciones ha servido también como cantera de dirigentes para la confluencia de izquierdas. Salen de este espacio la propia alcaldesa, Eloi Badia (Enginyers sense Fronteres) y Tatiana Guerrero (FAVB-Aliança contra la Pobresa Energètica), ahora asesora en políticas sociales públicas.


Por su parte, el Observatori DESC, no beneficiado en esta convocatoria pero sí en otras, y que comparte sede con las entidades que ahora han colado proyectos, ha sido la cantera de otros dirigentes de los comunes como la propia alcaldesa; Gerardo Pisarello, ex primer teniente de alcalde; Gala Pin, exconcejal de Ciutat Vella; Águeda Bañón, directora de comunicación del Ayuntamiento; Sílvia González, técnica de redes en el consistorio; y Carlos Macías, asesor de Alcaldía y que trabajó en DESC pero fue también portavoz de la PAH tras la entrada en política de Colau.





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