Un acuerdo para salvar puestos de trabajo

Nuria Gigaldo
Nuria Gigaldo
Secretaria de Política Sindical de la UGT de Catalunya

En los últimos días, la UGT hemos ratificado el III Acuerdo social en defensa del empleo, un acuerdo alcanzado entre el gobierno central y los agentes sociales para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el 31 de enero de 2021. la prórroga de este consenso hace posible alargar la congelación de una parte de la economía mientras dure la crisis sanitaria de la Covid-19, evitando el cierre de muchas empresas y garantizando puestos de trabajo.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo; el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva.



La situación es inaudita y especialmente compleja, y ha sido necesario hacer un verdadero esfuerzo de consenso para facilitar la "hibernación" del mercado laboral y evitar la avalancha de despidos que alertábamos durante las primeras semanas de la crisis, cuando muchas empresas echaron por derecho y su primera respuesta fue el despido, principalmente de aquellos trabajadores con contratos temporales o que estaban trabajando a través de empresas de trabajo temporal; es decir, prescindir del eslabón más débil de la cadena.


Cuando estalló la crisis sanitaria, en un primer momento las medidas adoptadas por el gobierno fueron en la línea de ayudar a las empresas. Nosotros, sin embargo, insistimos mucho que si bien era necesario hacer todo lo posible para salvar empresas, era tanto o más primordial salvar personas y familias. El primer acuerdo entre sindicatos y patronales instaba a priorizar las medidas de flexibilidad interna, como la reorganización del calendario laboral o la redistribución de la jornada laboral para evitar despidos y suspensiones de contrato. La flexibilización de los ERTE ha evitado miles de despidos y ha permitido congelar la actividad sin destruir empleo. Nuestro objetivo era claro: nadie puede aprovecharse de la situación que vivimos para despedir. Hay alternativas, y no vamos a permitir una barra libre de despidos con la excusa de la pandemia. No, esta crisis no la pagaremos nosotros.


También hemos sido muy conscientes de que no podemos dejar a nadie atrás. La situación podía haber sido muy peligrosa si empezábamos a dejar personas por el camino, sobre todo teniendo en cuenta que venimos de un mercado laboral precario, con una alta rotación. Muchas de estas trabajadoras y trabajadores no tenían derecho a la prestación y, por tanto, no podían beneficiarse de las medidas excepcionales en materia de uso de las que sí disponían los trabajadores y las trabajadoras incluidos en ERTE. Era el caso, por ejemplo, de las empleadas del hogar, de las despedidas y los despedidos con contratos temporales que no tenían la cotización previa para tener derecho a prestación, los trabajadores y las trabajadoras de empresas de trabajo temporal no incluidos en los ERTE y de las trabajadoras y los trabajadores fijos discontinuos. Desde UGT reivindicamos la necesidad de que todos estos colectivos se incluyeran en el derecho a prestación y, fruto de esta beligerancia, fueron aprobadas por el gobierno central las medidas extraordinarias para trabajadoras y trabajadores temporales, fijos discontinuos y empleadas de la hogar.


Hemos luchado para que estas medidas excepcionales encaminadas al mantenimiento del empleo lleguen al máximo número posible de colectivos evitando el desamparo de miles de trabajadoras y trabajadoras. Muchas de estas medidas laborales son fruto de la reivindicación sindical: la prohibición de despedir durante la crisis sanitaria por causas de fuerza mayor, objetivas, técnicas u organizativas; que no se puedan extinguir los contratos temporales, y que se puedan interrumpir durante la crisis; que se ponga el contador a cero durante el paro; y que se ejerza un mayor control o vigilancia sobre los ERTE, entre otros. Estas medidas han dado respuesta a las propuestas hechas por nuestro sindicato y han supuesto un paso adelante en la protección de la clase trabajadora en unos momentos especialmente complicados marcados por la pandemia y el estado de alarma que ha vivido el país.


Una vez superamos esta situación de crisis sanitaria tendremos que salvar el máximo número de puestos de trabajo posible, sin que nadie quede atrás. De momento, estas medidas excepcionales, que se han ido ampliando hasta la tercera versión del Acuerdo social en defensa del empleo, han permitido evitar que la destrucción de empleo suba hasta niveles del todo insostenibles para el nuestro mercado laboral. En Cataluña, del mes de febrero en agosto se han destruido alrededor de 130.000 puestos de trabajo. Actualmente hay 478.201 personas en paro, un 0,51% menos que en el mes de septiembre y un 28,33 % (105.578 personas) más que hace un año. Desde que se decretó el estado de alarma, hasta 727.159 personas han sido afectadas en Cataluña por una situación de suspensión temporal -total o parcial- de su contrato de trabajo. Desde finales de abril, 532.125 personas han retornado a sus lugares de trabajo. En el último mes, 23.683 han abandonado esta situación de suspensión temporal de contrato y han vuelto a sus puestos de trabajo. A 30 de septiembre, 146.559 personas están en situación de ERTE parcial o total, de las cuales 117.735 se encuentran en situación de ERTE por fuerza mayor.


Por esta razón hay que celebrar el acuerdo alcanzado con el Gobierno y las patronales, que permite alargar los ERTE hasta el 31 de enero de 2021, recuperar el "contador cero" en la prestación por desempleo hasta el 1 de enero de 2022, que protege a los trabajadores y trabajadoras fijos discontinuos y los de tiempo parcial y quemante la imposibilidad de despedir. Esta tercera edición del acuerdo contempla, además, la posibilidad de ampliar las exoneraciones, incluso al 100%, para los ERTE por rebrote, que ahora se podrán hacer todas las actividades y sectores, especialmente en los más perjudicados por la pandemia. Asimismo, se mantiene la cantidad de las prestaciones por desempleo para evitar la reducción del 70 al 50% de la base reguladora a los seis meses. El acuerdo incluye otras medidas dirigidas a preservar el empleo, evitar destrucción de empresas y dar confianza a la sociedad ante una crisis sanitaria, social y económica como la actual.


Las intensas negociaciones mantenidas en el marco del diálogo social para hacer frente a la crisis sanitaria de la Covidien-19 entre el gobierno y las organizaciones empresariales -CEOE y CEPYME- y sindicales - UGT y CCOO demuestra de nuevo la capacidad de los agentes sociales de consensuar soluciones para paliar las consecuencias de una crisis sanitaria, económica y sociales sin precedentes. Pero aún no está todo hecho, y seguiremos trabajando para que nadie se quede atrás. En este acuerdo quedan colectivos que están desprotegidos y que no tienen derecho a prestación: personas en paro que ya han agotado la prestación, las que trabajan en la economía sumergida o las que cobran una prestación de 430 euros con los que difícilmente se puede subsistir. Por eso seguimos reivindicando la necesidad de extender la cantidad y la calidad de las prestaciones por desempleo con el fin de llegar a todas las personas desprotegidas de esta crisis.


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