Los colectivos vulnerables excluidos del Ingreso Mínimo Vital

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El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha sido concebido como una ayuda para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que no tienen recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Si bien es una medida que ayudará a que muchas personas puedan salir de una situación difícil, hay algunos colectivos en España que, a pesar de vivir en situación de pobreza no podrán acceder a esta prestación o tendrán dificultades añadidas para pedirla, como los inmigrantes en situación irregular o las personas sin hogar. 


Inmigrantes desembarcando del Dattilo, de la flotilla del Aquarius



El Ingreso Mínimo Vital es un buen paso adelante pero peca de un gran defecto: la "exclusión" de algunos inmigrantes, las personas sin papeles, quienes son precisamente "los más vulnerables". Así puede resumirse la valoración del Foro Galego de Inmigración (FGI)  sobre la medida estrella del Gobierno para paliar el impacto de la 'coronacrisis'.


Su portavoz, Miguel Fernández, explica a este medio que las "personas en situación de irregularidad administrativa" se quedarán fuera por el requisito de "un año de residencia legal en España". "Es claramente discriminatorio y no tiene explicación ninguna, salvo contentar a Vox o algo así", se queja el activista.


El Foro estima que en España hay 600.000 inmigrantes irregulares, unos 6.000 en Galicia, que se quedarán sin el IMV. Una contradicción, pues entiende que son personas muy vulnerables a la crisis. En su opinión, bastaría comprobar su situación de residentes en el padrón municipal para poder ayudarles.


Pese a esta crítica, FGI señala que "en relación con restas anteriores, como la Risga en Galicia, la valoración es muy positiva". En primer lugar, por el "incremento significativo" de las cuantías, aunque el Foro estima que lo ideal sería una prestación media de unos 1.200 euros, el 60% del salario medio.


Estos activistas también aplauden otras mejoras del IMV frente a la renta social de la Xunta, como el hecho de que el IMV se gestionará desde la Seguridad Social —es decir, estarà en manos del PSOE. 



POSIBLES DIFICULTADES DE LAS PERSONAS SIN HOGAR PARA ACCEDER AL IMV

Durante la cuarentena que impuso la crisis del coronavirus, y en la actual desescalada, las personas sin hogar han tenido que enfrentarse a dificultades añadidas. Los recursos que solían recibir han sido cortados y el colectivo ha sido todavía más estigmatizado por no poder cumplir la cuarentena obligatoria. 


En España no hay datos exactos para determinar cuántas personas están en situación de calle o sinhogarismo. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, del 2012, contabilizaron por lo menos a 33.000 personas sin hogar. Según la última encuesta sobre centros y servicios de atención a personas sin hogar, en España hay unas 18.001 personas que utilizan albergues y otro tipo de centros de alojamiento cada día. 


Una persona sin hogar durmiendo en la calle, cerca de la Estación de Sants de Barcelona, durante la noche del recuento de personas sin techo organizada por la Fundació Arrels el pasado 14 de mayo del 2020, durante la epidemia del coronavirus.


Algunas de las trabas que pueden encontrarse las personas sin hogar para acceder al IMV son el requisito de empadronamiento de un año en España, la obligatoriedad de presentar trámites telemática o presencialmente —en otros casos, las asociaciones pueden completar los trámites— , haber cotizado un año en la seguridad social —muchas personas con bajos ingresos siempre han cobrado en negro— y estar inscrito como demandante de empleo. 


"Hay puntos un poco problemáticos y ambiguos", asegura Ferran Busquets, director de la Fundació Arrels —una organización catalana que ofrece servicios básicos a las personas sin hogar y trabaja por su inclusión. "El tema del empadronamiento no debería ser una cuestión que dificulte el proceso. Pero habrá mucha gente que no podrá demostrar esa continuidad en la Seguridad Social", prosigue. "Este el es punto que puede dejar a las personas sin hogar en unas situación más complicada". 


Busquets considera que el IMV "debería ser universal, para todo aquel que no tenga el mínimo de ingresos y cree que, lo interesante, en Catalunya, sería completarlo con la Renta Garantizada, la ayuda de la Generalitat. 


Andrew Funk, director de Homeless Entrepeneur, cree que el IMV es "una ayuda que puede fomentar un bienestar a unas personas que necesitan ayuda a nivel económico, pero no es una solución a largo plazo". Si bien considera que el Estado ha dado un paso adelante, también destaca que de lo que se trata es de que conseguir que las personas tengan una opción de participar activamente en la sociedad. "Personalmente, creo que es bueno que las personas puedan acceder a esos recursos siempre y cuando el objetivo sea incluirlos en la sociedad. Si se pretende ofrecer esta ayuda y no va más allá, puede crear dependencia. Creo que esto debe estar bien detallado, explica".



CRÍTICAS DE ALGUNOS SECTORES

Son varios los expertos en trabajo social que han criticado el IMV por incondicional ya que, por ejemplo, no hay que demostrar que se está buscando trabajo o formándose para lograrlo, algo que puede dificultar la labor previa realizada por los servicios sociales con personas por exclusión. ¿Seguirán mandando algunos padres que viven en la marginalidad a sus hijos a la escuela una vez que sus ingresos no dependen de la escolarización de los menores?, se pregutan.


El Foro Galego de Inmigración recuerda que el Ingreso Mínimo Vital es compatible con cierta actividad laboral y defiende su permanencia más allá de la crisis. "Lo normal es que substituya a la RISGA y al resto de prestaciones autonómicas", valora Fernández Blanco. El experto argumenta que la RISGA, al ser incompatible con el empleo, desincentivaba a encontrar trabajo. 


Tanto el Foro Galego de Inmigración como la Fundación Arrels admiten que el debate sobre el Ingreso Mínimo Vital no está cerrado. Si bien el IMV es producto de una "situación extraordinaria", ambas asociaciones apuestan por consolidarlo como un derecho más.



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