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Según UGT, la Generalitat no se compromete a garantizar EPI's individuales a su plantilla

Este jueves la Secretaría de Administración y Función Pública de la Generalitat de Catalunya ha publicado la Instrucción 4/2020, de 7 de mayo en previsión a la futura reincorporación presencial al puesto de trabajo de los trabajadores públicos y que nace con defectos.

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El contenido de la Instrucción 4/2020 de la Secretaría de Administración y Función Pública de la Generalitat de Catalunya queda muy lejos de los puntos mínimos que  UGT exigió a la reunión de la Comisión Paritaria del Personal Técnico y Administrativo y Laboral del pasado 27 de abril.



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En ella el sindicato planteó la incongruencia que suponía hacer reuniones de Comisiones Paritarias Sectoriales y no hacer una reunión de la Comisión Paritaria General, puesto que "entendíamos que hacía falta un plan de medidas de carácter amplio para toda la Generalitat de Catalunya".


La Instrucción no recoge la terminología "teletrabajo y/o trabajo a distancia"; terminología que utiliza el documento de Recomendaciones acordado en el Consell de Relaciones Laborales de Catalunya, y cuyo objetivo es el de permitir seguir las recomendaciones sanitarias en aquellas empresas donde no se haya decretado medidas de teletrabajo, como es el caso de la Generalitat de Catalunya.



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Referente a la seguridad y salud laboral de los trabajadores de la Generalitat, la Instrucción no aborda que cualquier Plan de retorno efectivo a los puestos de trabajo presencial tendría que coincidir con la capacidad que tenga la administración para garantizar:


1) Una disposición efectiva de medidas de protección colectiva y personal.

2) Unas medidas higiénicas adecuadas.

3) La capacidad real de hacer pruebas diagnósticas (tests).


Desde el sindicato exigieron que estas garantías se hicieran efectivas con carácter urgente a los que "desde el primer momento están trabajando de forma presencial: sanitarios, personal de geriátricos, de residencias, de centros penitenciarios, de servicios de emergencia..."



La obligación de hacer efectivas las medidas de protección de los trabajadores públicos pertecene el Departamento de Políticas Digitales y Administración Pública ejercer su papel de máximo responsable de la Función Pública de la Generalitat de Catalunya y dar las órdenes oportunas para garantizar la efectividad de sus propuestas.


En esta reunión, los  principales problemas que la UGT indicó eran y siguen siendo:


1) La carencia de capacidad demostrada por parte de la Administración de la Generalitat para garantizar el suministro a su personal de EPI’smaterial de higiene y limpieza y pruebas diagnósticas, cosa que sigue sin solucionar esta Instrucción.


2) La carencia de personal de los servicios de prevención propios de la Generalitat, aspecto que ya se recoge en las conclusiones de la 2.ª Auditoría del Sistema de Prevención de Riesgos Laborales de la Generalitat de Catalunya


Esta carencia se ve incrementada cuando la Instrucción la hacen responsables de la tarea técnica relacionada con las medidas que se recogen; los obliga a modificar las evaluaciones de riesgos de más de 50.000 puestos de trabajo (recordamos que la Instrucción es parcial y no afecta a todos los empleados de la Generalitat) y atender las peticiones de las personas especialmente sensibles y /o vulnerables a la Covid-19. Y el Departamento de Políticas Digitales y Administración Pública no prevé ninguna medida directa para incrementar las plantillas de estos servicios, ni que sea temporalmente.




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3) La carencia de compromiso y voluntad para llegar a acuerdos en el seno de los Comités de Seguridad y Salud. La Generalitat  todavía no ha reunido todos los comités de seguridad y salud, a pesar de que existe un acuerdo de la Comisión Paritaria y es incapaz de marcarse como objetivo el compromiso de llegar a acuerdos con los delegados y delegadas de prevención en el marco de las reuniones de los CSS.


Para UGT, esta no es una instrucción en la totalidad, es parcial por dos razones: porque solo afecta el 25% de los trabajadores de la Generalitat, puesto que excluye al personal docente, estatutario (sanitario) y el personal de empresas públicas y  porque solo dice lo que hay que hacer, pero no detalla qué medidas concretas se tienen que tomar para garantizar que se haga lo que hay que hacer.



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