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Esplugues reclama los impagos en guarderías a la Generalitat con la abstención del PDeCAT y la CUP

La deuda reclamada asciende actualmente a más de un millón de euros, pero democratas y antisistemano votaron a favor alegando que la intervención del Estado.

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El pleno municipal de febrero del ayuntamiento de Esplugues de Llobregat ha acordado reclamar a la Generalitat el impago de más de un millón de euros a las guarderías del municipio con la abstención del PDeCAT, la CUP y el edil no adscrito Albert Comellas, mientras PSC, Cs, ERC, PP, ICV, CE y la concejala no adscrita Laura Benito votaron a favor


En la sesión ordinaria celebrado ese aprobó la moción presentada por el PSC -que también suscribieron Cs y PP- pidiendo al futuro gobierno de la Generalitat el abono de la deuda pendiente de las guarderías que actualmente asciende a 1.066.000 euros.


En el transcurso del debate en el pleno, el portavoz del PSC, Eduard Sanz, recordó la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña "que ha dado la razón al Ayuntamiento en el contencioso planteado contra la Generalitat para la financiación de las guarderías "y que obliga a la administración autonómica a abonar a los ayuntamientos las cantidades dejadas de percibir para el sostenimiento de las guarderías municipales desde el curso 2011-2012 hasta 2015, año de presentación del recurso. 


El socialista ha exigido "a la Generalitat que asuma su compromiso, que dejó de hacer efectivo de forma unilateral y, como dice la sentencia, para destinar el dinero a sufragar escuelas concertadas. Y también que se resuelva la financiación de las guarderías de cara al futuro ".


Julio Roldán, portavoz de Ciudadanos, deseó que se forme "un nuevo gobierno de la Generalitat que de verdad se ponga a trabajar en temas tan importantes como este y que dé prioridad a las cosas que realmente importan, como la educación".


El portavoz de ERC, Oriol Torras, pidió que se sustituyera la expresión "exigir" por "pedir" a la Generalitat teniendo en cuenta que "en este momento tiene usurpadas sus funciones por un partido que sólo tiene cuatro diputados en el Parlamento ". Como los partidos que suscribían la moción aceptaron el cambio propuesto in voce, el voto de ERC fue afirmativo.


Por parte de ICV, Elisabet Millà, argumentó su voto favorable diciendo que "creemos que la educación de 0 a 3 años es prioritaria".


También el portavoz del PP, Marcos Sánchez, expresó su conformidad con lo expuesto por el portavoz socialista e instó al PDeCAT a sumarse si la sentencia, que ha sido recurrida por la Generalitat, deviene firme.


El portavoz del Partido Demócrata, Santi Siquier, dijo que se abstenía porque el recurso de casación presentado por la Generalitat hace que de momento no se pueda hacer efectivo el pago de la deuda y expresó su convencimiento de que la Generalitat "hará frente a las deudas pendientes reclamados por los ayuntamientos".


Hizo lo mismo la portavoz de la CUP, Anna Coll, quien dijo que se abstenía porque "estamos a favor de reclamar cualquier deuda que se tenga con este Ayuntamiento, eso sí, cuando España deje de intervenir las cuentas de la Generalitat".


El portavoz de Cambiamos Esplugues, Julián Carrasco, y la concejala no adscrita Laura Benito declararon su voto favorable, mientras que el concejal no adscrito Albert Comellas se abstuvo.


PENSIONES


En cambio, el PSC se ha sumado a Cs y PP para votar en contra de la moción de ERC para recuperar el poder adquisitivo del sistema público de pensiones que finalmente no ha prosperado. Votaron a favor el grupo proponiendo, ICV, PDeCAT, CUP y CE, votos insuficientes para que pudiera llevarse adelante. 


La moción propone, entre otros acuerdos, instar al Gobierno del Estado a ligar por ley la revalorización de las pensiones al IPC, establecer un salario mínimo interprofesional de 1.000 € que, como señala la moción, se trata de "una medida que ya se ha aprobado en este ayuntamiento", adoptar medidas fiscales que premien las empresas que apliquen políticas retributivas superiores a las recogidas en los convenios colectivos de aplicación y promover una ley catalana de protección social que no haga posible "sustraer los ingresos generados por las cotizaciones de los trabajadores para hacer frente a la mala gestión y previsión hechas por los diferentes gobiernos del Estado".

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