La decisión ratifica el criterio previamente fijado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y fija una doctrina de alcance general sobre los límites de la contratación pública.
La Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona, la Mesa del Tercer Sector Social y la Confederación de empresas del Tercer sector han criticado la adjudicación, de la mitad del servicio de atención domiciliaria a la empresa Servisar, filial de DomusVi, que en España gestiona de 25.000 plazas en 198 residencias y centros de atención diurna y centros privados. Y hay motivos para la protesta.
