Guerra por el empadronamiento en Martorell: Una vecina denuncia al Ayuntamiento tras su silencio en sus seis peticiones
Una mujer de 61 años, lleva más de tres años viviendo en un piso del barrio de Buenos Aires, de Martorell.
La denunciante paga los recibos de suministros básicos y un seguro del hogar, pero el Ayuntamiento le ha denegado el empadronamiento por no disponer de contrato de alquiler ni título de propiedad sobre la vivienda que habita.
La mujer denunciante ha solicitado su inscripción en el padrón hasta en seis ocasiones, sin recibir respuesta. La ley establece que, transcurridos tres meses sin contestación, debe aplicarse el principio de silencio administrativo positivo, pero su situación sigue sin resolverse.
Ante esta negativa, ella y otros cinco vecinos en condiciones similares presentaron una demanda conjunta contra el Ayuntamiento. Sin embargo, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Barcelona solo admitió a trámite de la primera de forma individual. Su abogada, confía en que una sentencia favorable siente un precedente para que pueda aplicarse el empadronamiento de oficio en todos los casos similares del municpio.
La falta de empadronamiento impide a la denunciante votar, renovar su tarjeta sanitaria —lo que le obliga a pagar medicamentos siendo enferma crónica— y queda excluida de servicios como el transporte urbano bonificado.
La Fiscalía ha recordado en este caso que los ayuntamientos están legalmente obligados a empadronar a todas las personas que residen de forma habitual, sin tener en cuenta la titularidad o condiciones de la vivienda. Por su parte, el consistorio de Martorell gobernado por Junts ha afirmado que mantendrá su política actual hasta que haya una resolución judicial firme.
JUNTS EN CONTRA DEL EMPADRONAMIENTO DE OKUPAS Y A FAVOR DE UN PADRÓN SOCIAL
Cabe recordar que Junts ha presentado una nueva propuesta legislativa para modificar la normativa de empadronamiento, con el objetivo de endurecer los criterios de inscripción en el padrón municipal. Su iniciativa propone prohibir el empadronamiento de personas que ocupan inmuebles sin un título habilitante, es decir, sin contrato de alquiler ni derecho de propiedad. Para ello, plantean reformar la legislación vigente, estableciendo requisitos más estrictos para garantizar que el acceso al padrón refleje la residencia legal del ciudadano. Según Junts, este cambio busca evitar que el empadronamiento se utilice como vía para legitimar situaciones irregulares o delictivas.
En paralelo, el partido propone la creación de un "padrón social", una figura específica para personas en situación de vulnerabilidad que no puedan acceder al empadronamiento convencional. Este registro alternativo permitiría garantizar el acceso a derechos básicos, como sanidad y educación, sin necesidad de acreditar residencia mediante los mecanismos habituales.
La intención de Junts es diferenciar entre ocupación ilegal con fines especulativos y situaciones de exclusión social que requieran apoyo institucional.
Otro aspecto clave de la propuesta es que la Generalitat de Catalunya asuma la gestión y el seguimiento de los casos considerados "no empadronables", liberando a los ayuntamientos de parte de la carga administrativa y social que implica esta problemática. Junts defiende que la Generalitat debe involucrarse más en la coordinación de las políticas de vivienda y servicios sociales.
Esta nueva postura representa una redefinición de su enfoque respecto a propuestas anteriores del partido independentista, que en el pasado planteó sancionar a los municipios que negaran el empadronamiento a personas sin título de residencia. El cambio ha generado debate dentro del propio espacio político y entre entidades sociales, que alertan sobre los posibles riesgos de restringir un derecho clave para la inclusión y el acceso a servicios fundamentales.
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