El Síndic alerta de alquileres ilegales y abuso en la vivienda en Cornellà
El síndic Emili Guerrero alertó de prácticas como alquileres de habitaciones con prohibición de empadronarse, locales sin cédula utilizados como vivienda y cobros en efectivo para superar los topes legales del alquiler. También denunció casos de ocupaciones utilizadas “para hacer negocio” cobrando alquileres ilegales a personas vulnerables.
La crisis de la vivienda protagonizó buena parte del pleno extraordinario sobre el informe del Síndic de Greuges de Cornellà de Llobregat, donde se denunciaron alquileres abusivos, habitaciones ilegales, cobros fuera de contrato y dificultades crecientes para acceder a un piso en la ciudad.
El síndic Emili Guerrero alertó de prácticas como alquileres de habitaciones con prohibición de empadronarse, locales sin cédula utilizados como vivienda y cobros en efectivo para superar los topes legales del alquiler. También denunció casos de ocupaciones utilizadas “para hacer negocio” cobrando alquileres ilegales a personas vulnerables.
ERC defendió una mayor intervención pública y aseguró que “el derecho a la vivienda debe estar por encima de la especulación”. La formación independentista denunció que muchas personas viven en espacios precarios y reclamó más recursos públicos y regulación.
El PP criticó que el informe entrara en valoraciones sobre “lucro” o “negocio” en el mercado inmobiliario y defendió el derecho a la propiedad privada. Aun así, reconoció que las quejas vinculadas a la vivienda reflejan una situación preocupante.
VOX culpó directamente al PSC de la situación y aseguró que las políticas aplicadas durante décadas “han llevado a la saturación de servicios públicos y al problema de vivienda”. La formación denunció además posibles irregularidades en promociones de vivienda protegida y reclamó prioridad para vecinos empadronados en Cornellà.
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El acceso al padrón municipal volvió a generar debate político en Cornellà de Llobregat después de que el Síndic reclamara ampliar los criterios para facilitar el empadronamiento de personas vulnerables sin domicilio estable.
El informe advierte de que muchas personas no pueden acceder a servicios básicos al no disponer de padrón y propone valorar elementos como la escolarización de hijos o vínculos previos con la ciudad para permitir el empadronamiento.
El gobierno municipal defendió que aplica la normativa vigente “caso por caso” intentando equilibrar legalidad y realidad social.

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