Paso adelante para eliminar las trabas administrativas en las tramitaciones urbanísticas

El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, adelantó el pasado jueves en el Parlament que el próximo martes el Govern aprobará la memoria preliminar del Anteproyecto de Ley de simplificación de trámites urbanísticos y de impulso a la actividad económica en Catalunya. La iniciativa forma parte de la estrategia de reforma administrativa y modernización de los servicios públicos, con el objetivo de agilizar procedimientos, reducir cargas burocráticas y reforzar la seguridad jurídica sin renunciar a las garantías urbanísticas y ambientales.

Esta medida supondrá un gran alivio para las administraciones locales del Baix Llobregat y para muchas empresas. En un primer lugar, ayudaría en la actual crisis de la vivienda, con precios disparados, proporcionando agilidad en declaraciones de habitabilidad etc. Por otro lado, ayudaría a autónomos enla simplificación de trámites, reduciendo tiempo de espera y recursos que se dedican. Se reducirían las caragas administrativas y el tiempo de espera en resoluciones. Para pequeños municipios como Castellví de Rosanes, supondría un gran alivio gracias a la creación de instrumentos de planificación más simples.

La memoria preliminar —primer paso para iniciar la tramitación legislativa— identifica los principales problemas del marco actual, plantea objetivos de mejora y sienta las bases de una consulta pública para recoger aportaciones de la ciudadanía, sectores afectados y administraciones locales.

Un marco actual complejo y desfasado

El documento de diagnóstico señala tres grandes obstáculos que hoy dificultan la tramitación urbanística y ambiental:

• Procedimientos excesivamente lentos y rígidos, fruto de normativas con más de 15 años y sucesivas capas regulatorias que generan trámites duplicados y consumen recursos públicos y privados.
• Retrasos en la obtención de licencias y autorizaciones que afectan a proyectos industriales, energéticos, de vivienda e infraestructuras, con impacto directo en la competitividad del país.
• Una normativa desactualizada respecto al marco estatal y europeo, que provoca incoherencias, duplicidades y falta de seguridad jurídica.

Objetivos de la futura ley

El Govern pretende crear una regulación más clara, ágil y previsible que permita avanzar hacia una Administración más eficiente. Los principales ejes de la futura ley de simplificación son:

• Reducción de trámites innecesarios y eliminación de duplicidades, ampliando los casos en que se utilizará la comunicación o declaración responsable en lugar de licencia.
• Agilización de plazos mediante una tramitación más concurrente y digital.
• Mayor protagonismo de los promotores y profesionales mediante informes y certificaciones técnicas que acrediten el cumplimiento normativo.
• Posibilidad de incorporar entidades certificadoras bajo supervisión pública para acelerar verificaciones.
• Adaptación de la normativa catalana a los estándares europeos y estatales, evitando solapamientos.
• Creación de instrumentos de planificación más simples para municipios pequeños.

Beneficios previstos

Según el Govern, la aprobación de la nueva ley permitirá:

• Ciudadanía: trámites más simples, mayor transparencia y obtención más rápida de permisos.
• Empresas: reducción de cargas administrativas, menos esperas y un entorno más favorable a la inversión.
• Administraciones públicas: liberación de recursos y mayor capacidad de planificación estratégica.
• Territorio: mantenimiento íntegro de las garantías ambientales con procedimientos más coherentes con la transición ecológica.

La memoria se someterá a una consulta pública de 30 días en Participa.gencat.cat para recibir propuestas de ciudadanía, colegios profesionales, administraciones, sectores económicos y entidades sociales y ecologistas.

Una reforma estructural

Dalmau ha defendido que la reforma de la Administración es “un gran debate de país” que requiere consenso político y participación social. El conseller ha apelado a la corresponsabilidad para reducir la burocracia y “deshacer el laberinto administrativo” que frena la gestión pública y la actividad económica.