La nueva tasa de basuras que siembra dudas y malestar entre vecinos: ¿en qué casos se puede recurrir?

La implantación de la nueva tasa de basuras a los municipios de Catalunya está generando una mezcla de incertidumbre y malestar vecinal entre la población. El origen del impuesto surge como forma de adaptar la normativa estatal y europea en materia de residuos, pero el modo de cálculo y los importes económicos aplicados en la factura han encendido críticas. Un ejemplo ha sido en el Baix Llobregat, concretamente en el municipio del Prat del Llobregat, donde hace una semanas miles de vecinos y comerciantes salieron a la calle a modo de protesta para exigir transparencia y explicaciones sobre la llegada y el coste real del servicio.

Sin embargo, aunque el enfado sea notable y algunos ya utilicen el término "ilegal" para referirse a la nueva tasa, no puede afirmarse, de forma general, puesto que el Tribunal Supremo ha respaldado en 2024/2025 la validez de la tasa de residuos aprobada en Catalunya.

¿En qué casos es posible recurrir la tasa?

Ahora bien, es cierto que en casos concretos la tasa no tendría validez y los ciudadanos podrían llegar a recuperar el importe pagado en la factura según un artículo específico. En concreto, el artículo 24.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TR LRHL), que establece que las tasas por un servicio no pueden exceder el coste real o previsible del mismo. Ese marco legal es el que utilizan quienes debaten sobre la legalidad de la nueva tasa de residuos. La válidez, por tanto, estará sujeta a cada hogar, familia y negocio, dependiendo de las características y el coste final. 

Y existen precedentes judiciales: el Tribunal Supremo ha anulado ordenanzas cuando la cuantía no estaba respaldada por estudios de coste. Pero no existe una declaración genérica de ilegalidad para toda Catalunya: por ejemplo, el TS en mayo de 2024 validó la tasa de residuos del Ayuntamiento de Barcelona. Cada municipio deberá justificar su cálculo técnico-económico.

Los vecinos pueden actuar por dos vías: recurrir la ordenanza en un plazo habitual de dos meses tras su publicación o, en este caso, lo que sería más habitual por el tipo de tasa, impugnar la liquidación individual una vez notificada, normalmente en un mes. La gran mayoría de administraciones solicitan que primero se pague para luego poder tramitar la devolución.

Cómo se calcula (y por qué genera polémica)

La pregunta del millón. La tasa se basa en la normativa de residuos (como la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados) y en ordenanzas locales que intentan cubrir los costes de recogida, transporte y tratamiento. Algunas fórmulas aplicadas mezclan:

• Una parte fija (en ocasiones vinculada al valor catastral del inmueble).
• Una parte variable, según la cantidad generada o el grado de separación de residuos.
   

Justamente, es esta estructura la que ha levantado críticas ciudadanas por considerarla poco transparente o desproporcionada.

Protestas en el Baix Llobregat: el foco se enciende

El malestar no es solo teórico. En el Baix Llobregat ya han surgido movilizaciones vecinales, como la celebrada en El Prat de Llobregat, donde la aplicación de la tasa ha sido motivo de concentración y reclamaciones. Los ciudadanos piden a los consistorios municipales que se expliquen los estudios de coste, se ajuste la tasa a la realidad local y se eviten importes que parezcan más un impuesto que un servicio que mejore los barrios.

¿Qué deben tener en cuenta los ciudadanos antes de alegar?

Para quienes quieran recurrir o impugnar la tasa, conviene revisar algunos puntos clave:

• ¿Está publicada la ordenanza correctamente?
• ¿Se ha realizado un estudio de costes o memoria económica que justifique la cuantía?
• ¿El cálculo tiene en cuenta características reales del servicio?
• ¿Se ha respetado el plazo para recurrir la ordenanza o la liquidación?

Conclusión: una tasa que exige explicaciones

La nueva tasa de residuos representa un reto para los municipios, que deben adaptar su financiación a una normativa más exigente. Pero también plantea una prueba de transparencia y responsabilidad hacia los ciudadanos. En el Baix Llobregat, la movilización social evidencia que la población no está dispuesta a aceptar costes sin justificación alguna y que para muchos supone algo más que un esfuerzo económico.