Los ayuntamientos catalanes recibirán cerca de 1.000 millones del Estado para reforzar sus servicios

El Gobierno central ha aprobado este martes una actualización de las entregas a cuenta que supondrá cerca de 1.000 millones de euros para los ayuntamientos catalanes, en el marco de un paquete estatal de 25.000 millones dirigido a comunidades autónomas y entidades locales. Esta inyección de recursos llega tras meses de reclamaciones por parte del mundo municipal, que advertía de la necesidad urgente de actualizar las transferencias estatales congeladas desde 2023.

Los fondos permitirán a los ayuntamientos aliviar tensiones de tesorería, pagar deudas con proveedores y reforzar servicios públicos esenciales como la limpieza viaria, el mantenimiento de equipamientos educativos y culturales, o las ayudas de emergencia social. Municipios como Barcelona, L’Hospitalet, Sabadell, Terrassa o Badalona se verán especialmente beneficiados por el volumen de población y servicios que gestionan.

Según fuentes municipales, la medida no solo aporta liquidez, sino que también permite reactivar inversiones en vivienda pública, rehabilitación energética, transporte urbano y digitalización de la administración local. La Federació de Municipis de Catalunya (FMC) y la Associació Catalana de Municipis (ACM) han valorado positivamente el anuncio, aunque han pedido que el reparto se haga de forma “justa, transparente y ágil”.

El decreto-ley aprobado por el Gobierno deberá ahora ser convalidado en el Congreso. En este contexto, la vicepresidenta primera María Jesús Montero ha lanzado un mensaje directo al PP, que gobierna en numerosas administraciones locales: “Veremos si ahora están dispuestos a dejar sin fondos a sus propios ayuntamientos”. La medida pone así presión política a la oposición, pero al mismo tiempo ofrece un balón de oxígeno para el municipalismo catalán, que podrá cerrar el año con mayores garantías económicas.

Los consistorios catalanes esperan que esta inyección se traduzca también en una mayor estabilidad presupuestaria de cara a 2026, especialmente si se acompaña de un nuevo FLA (Fondo de Liquidez Autonómico) y de una reforma del sistema de financiación local que muchos consideran ya imprescindible.