La jornada de 35 horas para los funcionarios estatales se aprueba este viernes

El Ministerio de Función Pública prevé aprobar este viernes la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE), tras los avances alcanzados en la negociación con los sindicatos.

La medida, que se encuentra en su fase final, deberá ser ratificada en la Mesa General de Negociación de la AGE, después de varias reuniones técnicas celebradas esta semana. El acuerdo forma parte del compromiso recogido en el plan para una Administración del siglo XXI suscrito por el Gobierno con organizaciones sindicales.

La aplicación de la jornada de 35 horas se realizará de forma progresiva y deberá adaptarse a las particularidades de cada organismo, ya que cada ámbito cuenta con sus propias mesas de negociación. Los sindicatos han señalado que el objetivo es que esta reducción de jornada se aplique a todos los colectivos de la Administración.

Desde UGT Servicios Públicos han valorado positivamente los avances y defienden que la jornada de 35 horas se consolide como un derecho para todo el personal público. El sindicato ha advertido, no obstante, de que no aceptará que su implantación suponga recortes en conciliación o flexibilidad, ni una merma en la calidad de los servicios.

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha indicado que el acuerdo podría cerrarse definitivamente esta semana e incluirá a colectivos que inicialmente estaban fuera, como el personal de Instituciones Penitenciarias, sanitario y educativo.

En paralelo, el Gobierno y los sindicatos han iniciado también la negociación de la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026 y han abordado cuestiones como la reducción de la temporalidad y el acceso de personas con discapacidad en la Administración.

Las organizaciones sindicales han reclamado que la implantación de la jornada de 35 horas vaya acompañada de un refuerzo de plantillas en servicios con alta demanda, como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Seguridad Social o las oficinas de extranjería, para garantizar la calidad de la atención a la ciudadanía.