Preocupación por el atasco en la Sareb: 30.000 viviendas sociales en el aire, 13.000 de ellas okupadas

El Estado planteó rescatar hasta 30.000 inmuebles de Sareb ─13.000 en una primera fase y 17.000 en una segunda─ para destinarlos exclusivamente a alquiler social. Sin embargo, fuentes oficiales reconocen que no se ha cerrado aún el volumen definitivo de suelos y viviendas que pasarán a gestión pública, lo que amenaza con dejar el proyecto cojo desde el punto de partida.

Uno de los principales escollos radica en Árqura Homes, la promotora valorada en unos 800 millones de euros que Sareb constituyó y externalizó a través de Aelca. La orden gubernamental de paralizar su venta, con la intención de incorporar esos activos al plan de Sepes, ha desencadenado resistencias internas.

Aunque Sepes da por hecho el traspaso de todos los terrenos de Árqura, las condiciones —si se materializará mediante compraventa, aportación no dineraria, convenio interadministrativo o un esquema mixto— permanecen en un limbo que podría infringir la fecha tope legal.

CASI LA MITAD DE LAS VIVIENDAS DE SAREB ESTÁN OKUPADAS

El bloqueo no solo pone en jaque la cifra anunciada de 30.000 viviendas: casi la mitad de las 13.000 previstas en la fase inicial ya sufren ocupaciones ilegales, lo que añade un componente social crítico. La lentitud en la definición del proceso alimenta la inseguridad jurídica y eleva el coste económico del traspaso.

En el sector, se murmura que “todo está avanzado, pero nada cerrado”; un silencio institucional que contrasta con la urgencia de miles de familias a la espera de un piso asequible. 

Con el plazo apremiando y la opinión pública expectante, el Estado dispone de apenas cuatro semanas para perfilar el modelo de ejecución y salvar un proyecto que, de revertirse, implicaría el desaprovechamiento de uno de los mayores paquetes de vivienda pública jamás concebidos en el país.