650.000 causas judiciales podrían archivarse en España tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Los jueces y fiscales tienen un reto difícil ante ellos: revisar las alrededor de 650.000 causas abiertas en España en seis meses. Este hecho viene dado por la puesta en marcha de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, impulsada por Rafael Catalá, y que limita las instrucciones a seis meses para las sencillas y 18 para las complejas. Así pues, tienen hasta el 5 de junio de 2016 para revisar cientos de miles de causas bajo la amenaza de tener que archivarlas o a abrir juicios sin pruebas suficientes y todo ellos con los mismos recursos humanos y materiales.

"Nos estamos moviendo en una falta de realismo increíble", asegura Álvaro García, presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que sufren en primera persona las consecuencias de la reforma. Ahora, los fiscales deben revisar una a una todas las causas en fase de investigación más el día a día de las que se abran a partir de ahora, y únicamente con el refuerzo de 87 personas. 

"Ochenta y siete personas para acabar con el atasco de la Justicia en España", critica García, y recuerda la circular que envió hace unos días la Fiscalía General -que tuvo que anular ante las protestas- en la que pedía a cada fiscal revisar 25 causas a la semana, cuando 25 calificaciones (escritos de acusación) es lo que, afirma, hace un fiscal por mes.

ADIÓS AL PAPEL

Otra de las novedades que incluye la Ley de Enjuiciamiento Civil, que entró en vigor este viernes, es que las comunicaciones en todos los procedimientos que se inicien a partir de ahora se harán a través de Internet. 

Con ello, las primeras quejas no han tardado en llegar y desde la Comunidad Valenciana aseguran que no tienen los suficientes recursos ni con la tecnología para poder cumplir. Por su parte, Cataluña, Cantabria y País Vasco solo aplicarán la orden en algunos órdenes jurisdiccionales. 

LOS JUECES, LOS OTROS AFECTADOS

También los jueces se han mostrado críticos con la reforma de la ley ya que según Manuel Almenar, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, sí supondrá un incremento en la carga de trabajo y cree que se debería haber contado con ellos para reformar el modelo. 

Por otro lado, Raimundo Prado, presidente de la Asociación de Jueces Francisco de Victoria, asegura que el trabajo "al final se hará, pero a costa de mucho sacrificio personal que la gente no valora" y sin ningún tipo de contraprestación.

Por último, el presidente del Foro Judicial Independiente, Conrado Gallardo, se muestra más pesimista y augura que los efectos de la reforma se empezarán a ver de aquí un año.