El ayuntamiento de la localidad acusa al Departament d'Ensenyament de hacer caso omiso a una sentencia del TSJC que ha fallado a favor de los municipios afectados.
Para el abogado de la familia del trabajador, la decisión del Alto Tribunal "vuelve a acentuar la evidencia de que en la fábrica de Gavà se trabajó en contacto con materiales muy peligrosos".
Después de que el TSJC aceptara la petición, el ayuntamiento, el centro y varios grupos protestantes se han mostrado muy reticentes.