Catalunya asumirá la gestión del IMV en 2026: ¿quién podrá recibirlo y cómo?

La Generalitat de Catalunya asumirá la gestión directa del Ingreso Mínimo Vital (IMV) entre los meses de marzo y junio de 2026, en el marco del traspaso de competencias acordado con el Gobierno central. El objetivo es simplificar el acceso a esta prestación estatal, mejorar su cobertura y adaptarla a la realidad social catalana mediante un modelo más ágil, automatizado y coordinado con la Renda Garantida de Ciutadania (RGC).

Para preparar el despliegue, la Conselleria de Drets Socials i Inclusió ha contratado ya a 120 nuevos trabajadores, que comenzarán próximamente su formación específica. Además, el Govern ha alquilado unas oficinas en la Gran Via de Barcelona, desde donde se coordinará la gestión del IMV en todo el territorio catalán.

¿Qué es el Ingreso Mínimo Vital y a quién se dirige?

El Ingreso Mínimo Vital es una prestación económica de carácter estatal que tiene como finalidad garantizar un nivel mínimo de ingresos a los hogares en situación de pobreza o vulnerabilidad económica. Se dirige tanto a familias como a personas solas sin recursos suficientes, con cuantías que varían en función del número de miembros de la unidad de convivencia, la edad y las cargas familiares.

En la actualidad, pueden solicitarlo las personas residentes en España de forma legal y continuada durante al menos un año, siempre que acrediten ingresos y patrimonio por debajo de los umbrales establecidos. Está pensado para complementar rentas bajas y favorecer la inclusión social y laboral, actuando como red de protección frente a la exclusión.

Con el traspaso, la Generalitat quiere acercar este derecho a los colectivos que más lo necesitan, en especial a jóvenes sin empleo estable, familias monoparentales, personas desempleadas de larga duración y hogares con menores a cargo.

Un modelo más accesible para combatir el infrauso

Según datos de la propia Conselleria, el 67% de las personas que podrían recibir el IMV no lo solicitan, lo que revela una brecha preocupante en el acceso a derechos sociales. Esta cifra sitúa a Catalunya por debajo del promedio estatal en cobertura efectiva, y el Govern confía en revertirla mediante la creación de una ventanilla única, la interoperabilidad de datos entre administraciones y la automatización de trámites.

La integración del IMV con la RGC permitirá unificar criterios, reducir duplicidades y facilitar la detección de situaciones de vulnerabilidad, especialmente en zonas con alta densidad poblacional y desigualdad estructural como el Baix Llobregat, donde miles de familias podrían beneficiarse de este nuevo sistema.

Impacto territorial: ¿qué puede cambiar en el Baix Llobregat?

Aunque la gestión se centralizará en Barcelona, el impacto será directo en los municipios del Baix. Ayuntamientos como Cornellà, Sant Boi, El Prat, Viladecans o L’Hospitalet podrían ver reforzados sus servicios sociales mediante una mejor coordinación con la Generalitat. La ventanilla única permitirá que los ciudadanos no tengan que navegar entre administraciones para solicitar ayudas, y se espera que los consistorios jueguen un papel clave en la detección proactiva de casos.

Además, el despliegue del nuevo modelo podría abrir oportunidades laborales en el territorio, tanto en atención directa como en tareas técnicas y administrativas. Sindicatos y entidades sociales ya han mostrado interés en conocer los perfiles requeridos y el alcance del nuevo sistema.

Un paso hacia la soberanía social

El traspaso del IMV forma parte de una estrategia más amplia de la Generalitat para reclamar competencias en materia de protección social, y se suma a otras gestiones descentralizadas como la RGC, el sistema de dependencia o las políticas de inclusión. El Govern defiende que una administración más próxima y coordinada puede garantizar mejor el acceso a derechos básicos, especialmente en contextos de precariedad.

La Conselleria ha asegurado que el nuevo sistema estará plenamente operativo en 2026, y que se trabajará en paralelo con el Estado para garantizar una transición ordenada y sin interrupciones en el cobro de las prestaciones.